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6 de junio de 2019
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La CIDH advirtió sobrepoblación en los penales pero destacó avances

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Luis Vargas Silva, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Almafuerte y San Felipe. Observó que hay celdas donde conviven nueve internos pero tomó como positivos los proyectos de construcción de nuevas cárceles para descomprimir.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a visitar los penales de Mendoza a través de uno de sus comisionados, Luis Vargas Silva, en el marco de las medidas cautelares por trato inhumano a los internos de las cárceles de Almafuerte y San Felipe, una denuncia que fue efectuada años atrás por organismos de Derechos Humanos de la provincia.

Luego de tres días de reuniones intensas con internos, familiares de presidiarios y hasta con el propio gobernador Alfredo Cornejo, el integrante del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que "me llevo una magnífica impresión del trabajo que realizando los abogados peticionarios, que son ciudadanos ejemplares y el empeño que realiza el gobierno en solucionar la sobrepoblación que existe".

Asimismo agregó que "si bien todo esto que está documentado con los casos más precarios y es materia de análisis por los miembros de la Comisión, me he encontrado con una muy buena dirección del director (Eduardo) Orellana, con un trabajador de campo que conoce a la perfección sus internos".

De todas maneras, admitió que también se sientió preocupado por lo que le trasmitieron los presidiarios y sus familiares y lo que él mismo pudo observar en cuanto a las condiciones de habitabilidad en los penales mendocinos.

"Hemos advertido celdas muy pequeñas que aparentemente están dispuestas para cuatro porque hay cuatro camillas de piedra, y hay 7 y personas viviendo en esos espacios. Yo diría que ese sitio debería ser para uno; aunque hay entre 7,8 y hasta 9 internos", resaltó el exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia.

 

Por otro lado, Vargas Silva observó con inquietud la gran cantidad de mendocinos privados de su libertad por delitos como robo y hurto, "lo que demuestra un problema social que no puede resolverse desde el derecho penal".

El comisionado, que también tiene a su cargo temas como la desaparición forzada de estudiantes en México, subrayó: "Esta situación demuestra que hay una gran desigualdad social y económica protuberante, que también debe ser atendida. Hay que mejorar la medida de preventiva de detención, no hay que abusar de ella".

"Una prisión preventiva, ni un robo, ni un hurto deben ser una cadena perpetua, digo perpetua porque las personas tienden a reincidir y se duplican las penas. Es algo que me parece muy doloroso", disparó.

Su intervención se debe a la presentación internacional que hiciera en 2015 el abogado Carlos Varela Álvarez y se arribó a una solución amistosa, en donde el Gobierno provincial se comprometió a realizar obras y mejoras para dar calidad de vida a las personas privadas de la libertad.

La CIDH se comprometió a una nueva revisión y visita cuando el plan de obras quede finalizado.

Las obras del Gobierno para descomprimir 

En tanto, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Eduardo Orellana consideró que parte del trabajo que se está haciendo en las cárceles de la provincia se está viendo y detalló que se están habilitando 156 camas en los penal de San Rafael, y otras 148 camas en la cárcel federal. 

También manifestó que se proyectan unas 350 camas con la obra de  Almafuerte II, lo que permitiría descomprimir Almafuerte y San Felipe.

"Con estas mejoras vistas en perspectiva, Mendoza debería habilitar nuevos módulos, deberíamos ir terminando con la sobrepoblación", destacó.

"Las condiciones de detención en San Felipe son infrahumanas"

Por su parte, el demandante, Varela Álvarez señaló que "las condiciones de detención en San Felipe son infrahumanas. El gobierno dice sobrepoblación en un 20%, pero para la CIDH es del orden del 40% el hacinamiento y eso lleva todos los problemas que se puedan imaginar. Aunque en Almafuerte diferenció el esfuerzo con respecto a ese penal, sobre todo con la construcción de nuevos establecimientos".

El abogado integrante de organizaciones de Derechos Humanos también recalcó que la aplicación de la Ley 9040, "que permite que cualquier persona quede detenida y a la vez las trabas a través de leyes para que la gente pueda salir".

Por último, Varela Álvarez destacó que se trató de una visita oficial y que desde Washington el resto de los miembros participaron de las reuniones vía teleconferencia.

"Fue una buena visita, es muy bueno para el gobierno que pueda tener un punto de vista internacional y estas medidas siguen siendo de interés para la CIDH", recalcó.

Los antecedentes 

No es la primera vez que la provincia es escenario de inspecciones por parte de la CIDH. El primer antecedente se remonta al 2004, en la gestión del gobernador Julio Cobos.

El grupo fue integrado por el Comisionado Florentín Meléndez, el Secretario de la Comisión Santiago
Cantón y los abogados Juan Pablo Alban y Elizabeth Abi-Mershed. La delegación observó lo que sucedía y plasmó en su informe la situación de hacinamiento y las malas condiciones de seguridad, salud, nutrición, vestimenta y sanitarias en general.

Luego, se firmó un acta con una solución amistosa, de acuerdo con una serie de acciones para dar respuesta al problema de las cárceles que ponía en riesgo la vida de los internos.

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