Si la Argentina va camino a ser un país en serio luego del inminente proceso electoral que definirá en manos de quién quedará el poder, gane quien gane e ignorando el vendaval de acusaciones entre unos y otros y el hecho de que representen dos modelos diametralmente opuestos en el gerenciamiento y la administración del Estado, durante el próximo período de gobierno el Congreso deberá debatir a fondo dos reformas que producen urticaria en los candidatos: un nuevo sistema que regule forma más flexible y moderna las relaciones laborales por un lado y una mentada reforma previsional integral por el simple hecho de que se vive más y no hay aporte suficiente que surja del sector de los activos como para garantizarle un pago mensual digno a quienes no lo están. En verdad, así como se va, sostienen los especialistas, ni siquiera quienes hoy están en plena actividad laboral podrán garantizarse su propia jubilación. Además, no se trata de un asunto puramente argentino y local o que ha surgido producto de la mente trastornada del neoliberalismo. El problema es mundial.

En su paso por Mendoza, el economista y precandidato presidencial, Roberto Lavagna, reconoció la magnitud y la complejidad del tema cuando dijo que la reforma laboral que hay que impulsar debe seguir el modelo de entendimiento alcanzado entre el gobierno, las empresas y los sindicatos de los trabajadores que están explotando las reservas petroleras y gasíferas de Vaca Muerta, un acuerdo que permitió la creación de 30 mil empleos en un sistema que siempre se caracterizó por su rigidez y cerrazón absoluta por partes iguales; simplemente porque por el lado de los sindicatos se desconfió siempre de la voluntad de las empresas para cumplir con los acuerdos y por parte de las mismas empresas que han sido comandadas por ceos entrenados y seteados sólo para garantizarles rentabilidad a sus compañías a costa de reducir salarios y otros beneficios laborales.

La teóricos y analistas sostienen que las inversiones no llegarán a la Argentina por el sólo hecho de que se les ofrezca un país que cuente con seguridad jurídica y estabilidad. Nada de eso ha sucedido, desde ya, pero el ejemplo más cercano del fracaso del mero voluntarismo ha sido quizás, el de Mauricio Macri. Con una economía en recesión, sin dinero en los bolsillos, sin demanda, tampoco puede florecer como por arte de magia la oferta. Y a eso se le sumó una deliberada política destinada a ofrecer, dar y garantizar voluminosas ganancias en el sistema financiero.

Por lo que se sabe, el gobierno de Macri y sin demasiada visibilidad, ha venido trabajando con empresarios y gremios en una mesa tripartita que ha explorado las primeras reformas de lo que podría la base de una nueva ley de trabajo en el país. Empezaron por el posible blanqueo, ya que el punto resultó ser el más aceptado y por ende menos resistido de parte de los sindicatos porque suponen que eso producirá contar con más afiliados a sus gremios. Pero es sólo el comienzo y en medio de una disputa electoral resulta imposible lograr avances más o menos serios.

La UCA terminó hace pocos meses un informe con el tema del empleo como foco central. Llegó a la conclusión de que en el país poco más del 49 por ciento de la población activa se encuentra ocupada en la microinformalidad y dentro de ese porcentaje, el 81 por ciento cuenta con un empleo de baja calidad, mientras que el 75 por ciento carece de aporte al sistema de seguridad social, sin aportes a una obra social y sin recursos que se destinen a la seguridad previsional. Además, determinó que el salario promedio de ese grupo de trabajadores apenas supera los 10.200 pesos por mes.

Los empresarios han dejado trascender que tienen 6 millones de personas con un empleo formal desde unos 8 años atrás, de forma constante. Ellos sugieren que mientras existan más personas que aporten al sistema de seguridad social, los costos laborales debiesen bajar. Sin una reforma, agregan, la Argentina pierde competitividad en el mundo y en la región, particularmente con Brasil en donde sostienen que los costos laborales significan la mitad de la Argentina, incluso con mayor productividad.

Pero al margen del problema puramente local, el próximo gobierno tiene que comenzar a conducir al país hacia un escenario que lo prepare para lo inevitable: todo aquello que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la robotización, que dejarán a millones de trabajadores de actividades usuales y comunes sin empleo. Ya son varias las publicaciones que dan cuenta de las actividades que la robótica remplazará y cuáles serán las más requeridas. Un repaso de ellas, inserto en el best seller “Sálvese quien pueda” indica que serán las siguientes: los asistentes de salud que interpreten los diagnósticos de las máquinas; los caminadores de personas y conversadores profesionales y acompañantes de ancianos sin estudios terciarios; los analistas de datos, ingenieros y programadores; los policías digitales contra ataques cibernéticos, hackers y otros; los asesores de ventas, gracias a la mayor productividad y el crecimiento de los sectores medios; los cuidadores y programadores de robots; los profesores y maestros preparados para formar gente por la creciente automatización; los especialistas en energías alternativas; los artistas, deportistas y creadores de entretenimiento por el mayor tiempo libre que tendrán las futuras generaciones; los creados y diseñadores de contenidos comerciales por el auge del comercio en línea; los consejeros espirituales, imanes, sacerdotes, rabinos para darle el toque personal y calidez que requerirán las personas que cada vez más vivirán en soledad producto del avance tecnológico.