La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de ley para suspender hasta el 31 de diciembre del 2010 la llamada Ley Cerrojo para permitir temporalmente la reapertura del canje de títulos públicos de la deuda cerrado en el 2005. El proyecto propuesto por el oficialismo fue acompañado en general –aunque después hicieron observaciones puntuales al articulado que no fueron aceptadas por el kirchnerismo– por los bloques de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, por lo que la votación fue ganada con 165 votos afirmativos, 28 negativos y 5 abstenciones. Los tenedores que no ingresaron al primer canje poseen bonos por alrededor de 20 mil millones de dólares y quienes estén interesados en participar en el segundo deberán suscribir un bono con una quita superior a la que se instrumentó en la primera propuesta, que fue de 65 por ciento, a un plazo de 20 años.
     El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que “hay una coyuntura favorable para reabrir el canje de la deuda, las condiciones son iguales o mejores que con las que se llegó al canje de la deuda en el 2005”. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Marconato (FPV), como miembro informante del proyecto del Poder Ejecutivo destacó en el recinto que bonistas que declinaron entrar a la primera etapa ahora “quieren incluirse en esta reapertura del canje y aceptar quita de capital, quita de intereses y alargamiento del plazo, aún en condiciones menos ventajosas que en el 2005”.
    Por otro lado, Marconato subrayó que por la operatoria “no se pagarán comisiones a los bancos intervinientes” y, por otro lado, puntualizó que quienes ingresen al canje “deberán renunciar a todas las acciones judiciales contra la República”. Por el bloque radical, Miguel Ángel Giubergia indicó que apoyaría, en general, el proyecto del Gobierno aunque en disidencia parcial, ya que insistió: “Pese a que el ministro Amado Boudou aseguró que no se van a pagar comisiones y honorarios a los abogados de los ‘holdouts’, vemos que esto no figura en el dictamen que tiene la mayoría”. Después, el jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad, advirtió: “Volvemos casi al mismo esquema de los 90, de los 70 y los 60: el gasto se financia emitiendo moneda, asaltando las cajas de jubilaciones, endeudándose.
    Todo eso genera pobreza, pobreza, pobreza”. Juan Carlos Morán, por la Coalición Cívica (CC), anticipó, como la UCR, que su bloque votaría, en general, a favor de la suspensión de la Ley Cerrojo para darle esa herramienta al Poder Ejecutivo, pero mostró su desacuerdo, en particular, indicando que “este gobierno ha optado sistemáticamente por hacer frente a la deuda, financiándola a costa del superávit fiscal, a costa de la deuda social, al atarla a los cupones del PBI”. Parecido se pronunció el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, quien, si bien confirmó el apoyo de su bancada para reabrir el canje, propuso para “despejar” riesgos, que el Estado aclare que cada uno “se haga cargo de las costas de su parte, y librarnos del riesgo de que los abogados de los bonistas nos vengan a cobrar sus honorarios”, previno.
    En cambio, Claudio Lozano (Proyecto Sur) manifestó su disidencia total con el proyecto del Gobierno y denunció que sólo se cambia el término “comisiones” por “honorarios” a pagar y cuestionó que se reabra el canje, en vez de establecer uno nuevo. También, el socialismo, a través de Silvia Augsburger, adelantó que el bloque votaría en contra del proyecto propuesto por el oficialismo pero prefirió adjuntar los argumentos al diario de sesiones.