La pandemia por el COVID-19 fue un gran problema para el normal desarrollo de la Justicia. Prácticamente la paralizó varias meses y decenas de empleados y funcionarios judiciales tuvieron que trabajar desde sus casas.

Las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo nacional en marzo frenaron la actividad en los Tribunales y las audiencias fueron menos con respecto a los años anteriores, más porque se trata de causas que requieren la presencia de investigadores y acusados para notificaciones, declaraciones, imputaciones, procesamientos sentencias u otro tipo de resoluciones.

Pese a esto, en el fuero federal se adaptaron a la virtualidad y encaminaron instrucciones, debates orales y procesos abreviados.

Del informe anual de los Tribunales de calle España y Pedro Molina se desprende que, hasta la primera quincena de ese mes, se iniciaron 26 debates orales. Quince fueron en el Tribunal Oral Federal Nº1 y 11 en el Nº2, siempre actuando como fiscal de Cámara María Gloria André.

De este total, tres se encuentran en proceso de desarrollo, es decir, a la espera de una sentencia. “Frente al Tribunal Oral N° 1, se encuentran en proceso dos causas vinculadas a la violación de la Ley de Estupefacientes 23.737 (una de ellas, la causa Arancibia-Arancibia); mientras que frente al Tribunal Oral N° 2, el juicio en curso es por la infracción a la Ley Penal Tributaria (causa Santander)”, se destaca del informe al que accedió El Sol.

De los juicios concluidos este año se desprende que se resolvió la situación procesal de 131 imputados: 114 terminaron condenados y 17 absueltos.

El año pasado, y sin mediar medidas restrictivas, se desarrollaron 76 debates orales (36 en el TOF Nº1 y 40 en el Nº2) y se condenó a 132 detenidos. Por su parte, 18 terminaron desvinculados.

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“Este dato permite tomar una real dimensión del tipo de juicios llevados a cabo en 2020, ya que si bien el número de debates realizados resulta menor que los del año 2019, el promedio de imputados por debate durante 2020 da un total de 5 personas por juicio, mientras que en 2019 el promedio fue menor a 2 acusados por proceso”, sostiene el informe anual.

Pacto entre las partes

Con respecto a los juicios abreviados, los números reflejan un resultado diferente. Los debates en los que el imputado y/o procesado admite o reconoce el delito que le endilgan y pacta una pena con la fiscal para que luego un juez homologue el acuerdo, terminó con más condenados que el año pasado.

El informe sostiene que se realizaron 132 juicios abreviados (40 procesos menos que durante todo el 2019) pero la cantidad de condenados fue superior: 257 contra 253; es decir, cuatro más.

Para la Justicia Federal, “el aumento en la cantidad de condenas mediante este procedimiento marca a las claras que las causas resueltas durante 2020 mediante juicios abreviados fueron a priori más complejas que las de 2019”.

De esta forma, sumando la realización debates orales y abreviados, se resolvió la situación de 388 personas, con 371 condenas y 17 absoluciones.

Así las cosas, para la Justicia federal, si bien el número de debates fue menor debido a la pandemia por el coronavirus, esto no incidió de forma significativa en la cantidad de personas juzgadas, debido a que los números son similares a los del año pasado.

Casos resonantes

Entre los debates más destacados se encuentran la condena de 12 años de cárcel contra el ex jefe de la barra brava del club Godoy Cruz Antonio Tomba, Daniel Orlando Aguilera. El “Rengo”, como es conocido popularmente, fue hallado culpable de liderar una banda narco desde la cárcel de Boulogne Sur Mer.

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Otros cuatro hombres también fueron condenados. Dos de ellos vinculados estrechamente con Aguilera, recibieron 8 años de encierro (Maximiliano Torres y Cristian Oliva), mientras que un par de penitenciarios también fueron sentenciados por mantener contactos con el Rengo mientras se encontraba en prisión.  

Ambos fueron identificados como Rodrigo Lizardo y Rodrigo Martín Barrios y quedaron inhabilitados para desempeñar cargos públicos.

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El TOF Nº2 condenó en junio a dos mendocinos involucrados con la megacausa Bobinas Blancas, que se inició en Buenos Aires e involucró a diversos personajes vinculados con el tráfico de cocaína tanto a nivel local como internacional.

Osvaldo Neri Maturano y Ariel Alejandro Rigoletti recibieron ocho años de cárcel por traficar más de una tonelada de cocaína oculta en cargamentos de piedras de cuarzo a través de una empresa fantasma integrada por “prestranombres”.

Esa causa tiene a dos ciudadanos mexicanos con pedido de captura.

Ese mismo tribunal también sentenció a una de las redes narco más grandes que operó en el Sur provincial. Doce hombres y mujeres recibieron penas de entre 3 y 15 años de cárcel.

Los cabecillas del tráfico de drogas desde el Gran Mendoza hasta General Alvear fueron identificados como Roberto Orellana y Luciano Urquiza, quienes terminaron recibieron 15 y 8 años de encierro, respectivamente.

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Otro de los debates trascendentes fue el que finalizó con María Belén Díaz, condenada a 8 años de cárcel por venta de drogas.

La mujer, conocida como la Belén y por ser jefe de una banda de jóvenes con base en el barrio 26 de Enero de Las Heras que se hacían llamar los Wachos Atrevidos, fue hallada culpable junto con uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz. 

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Por último, resaltaron los juicios por fraudes tributarios. Se destacó la causa conocida como “Facturas truchas,” que terminó con 29 condenados, entre ellos, los jefes; la causa “Gulino” y también la Santander.

Esta última está en proceso y está previsto que en los próximos días se desarrollen las últimas audiencias, es decir, al de los alegatos de las partes.

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