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14 de octubre de 2009
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EN MEDIO DE LA CRISIS

Jueces presionan a Jaque por otro aumento de salarios de 15 por ciento

Por el enganche a los sueldos del Poder Judicial de la Nación les corresponde. Ya cobran 5 por ciento más, desde enero.

En el momento justo en que la Provincia ya no puede ocultar que necesita fondos para llegar a fin de año, porque de lo contrario caerá en cesación de pagos, los magistrados la presionan por 15 por ciento de aumento en sus sueldos (que, de lograrse, se sumará al 5 por ciento cobrado desde enero). El beneficio que están reclamando obedece a que, gracias al acuerdo firmado con Celso Jaque en el 2008, sus sueldos quedaron atados a los de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


     Así, en abril comenzaron a cobrar de manera retroactiva a enero 5 por ciento más, que le costó a la Provincia 3,5 millones de pesos, que no estaban presupuestados. Además, habrá que sumarles ahora otro 15 por ciento, porque en mayo los magistrados nacionales lograron 10 por ciento y otro 5 por ciento a partir de agosto. El malestar trascendió en los pasillos judiciales, puesto que a partir de este mes algunos magistrados dejan de cobrar el retroactivo por el pago atrasado de la antigüedad, por el que algunos jueces venían cobrando hasta 7.000 u 8.000 pesos más por mes.


    A causa de esto quieren que la Corte presione al Ejecutivo, único responsable de fijar las políticas salariales para todos los estatales. Para pagar el incremento que la Provincia debería afrontar por el enganche judicial de los jueces provinciales a los sueldos del Poder Judicial de la Nación, se necesitarían algo más de 8 millones de pesos que, por supuesto, no se podrán obtener de la mayor recaudación y mucho menos del ajustado presupuesto.


     Pero si Jaque no les paga, los magistrados podrían elevar un reclamo judicial, porque el enganche de los magistrados con la Nación fue acordado el año pasado, cuando se firmó el fin del conflicto con ese poder, y, ahora, la Provincia está intimada para pagarlo, porque así lo establecía el compromiso. Son 400 los magistrados y funcionarios con rango judicial, como los miembros del Tribunal de Cuentas y el contador general de la provincia, que deberán cobrar el aumento. Cada uno debe percibir en promedio entre 900 y 1.500 pesos más, lo que, multiplicado por seis sueldos anuales (uno de los aumentos se autorizó en mayo y el otro en agosto), terminarán resultando entre 5.400 a 9.000 pesos extra en sus sueldos antes de fin de año.


HERMETISMO. El conflicto por el enganche se viene discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Hacienda desde hace más de dos meses. Pero ninguna de las dos partes había dejado trascender ni un solo detalle. Sin embargo, el malestar salió a la luz días atrás, cuando varios magistrados, molestos porque ya no cobrarán el retroactivo, quieren cobrar 15 por ciento de aumento. El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, admitió la situación, y reveló que la Provincia no puede afrontar el pago del aumento a los jueces, justo en este momento en que el jefe del Ejecutivo estaba en Capital Federal, buscando fondos para brindar oxígeno a las deprimidas cuentas mendocinas, aunque en Hacienda saben que en algún momento deberá cancelarse y de manera retroactiva.


     En esa cartera se sabe que no es el momento político –mucho menos financiero– para que la Provincia se haga cargo del pago. Consultado el administrador general de la Corte, Alfredo Segura, no quiso brindar mayores detalles sobre cómo avanza la negociación y precisó que la decisión sobre cuándo comenzar a pagar este incremento debe salir del Ejecutivo, porque es el que comanda las políticas salariales. La noticia sobre este incremento cayó como un balde de agua fría en el Ejecutivo. Es que ya gastaron 13 millones de pesos en el 2008 en un acuerdo salarial que significaría el fin de la indexación salarial y el enganche no resultó buena idea. Esto es porque, sólo en el primer año, los magistrados ya lograron un aumento de 20 por ciento.


 RETRASADOS. Las jubilaciones de los jueces vienen retrasadas. Es que el acuerdo se firmó hace poco más de un año, y hasta ahora sólo lograron el pase a pasiva 10 magistrados. En el Ejecutivo sospechan que la demora viene de la mano de este 15 por ciento de aumento que están peleando, para sumarlo a sus abultados sueldos, además del 2,6 por ciento de antigüedad que ganarán a partir de febrero. Por este motivo se especula que no llegaron más renuncias al Ejecutivo. Sin embargo, para Alfredo Segura, la especulación es errónea, ya que si aumenta el sueldo móvil, también lo hará la jubilación a través del 82 por ciento logrado en Nación.


    Así, en medio de la maraña de conjeturas que va desde la vereda del Judicial y cruza hasta el Ejecutivo, amenazando con un nuevo endurecimiento de posturas, lo cierto es que ayer se esperaba que el gobernador lograra fondos para descomprimir –al menos en parte– las ahogadas finanzas mendocinas. En medio de este escenario, lo más posible es que los magistrados deban esperar algunos meses, aunque la Provincia deberá pagarlo más caro por la retroactividad.

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