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2 de agosto de 2006
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Jueces mexicanos, bajo presión política

La Corte Electoral de México se halla bajo una fuerte presión de dos grupos políticos que se atribuyen el triunfo en los impugnados comicios del 2 de julio, aunque los analistas confían en que designará al presidente electo con plena independencia

        Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) soportan, según comentaristas, presiones de la coalición Por el Bien de Todos, que respalda al izquierdista Andrés López Obrador, y del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), que postuló a Felipe Calderón, ganador del escrutinio oficial. El analista John Mill Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a Efe que la asistencia de Calderón a una audiencia con el TEPJF, el domingo, representa “un mecanismo de presión”, aunque señaló que “todo está en el marco de la ley”.



      Calderón y otros líderes del PAN recalcaron ante el tribunal que su triunfo fue legítimo e instaron a “reflexionar” si la elección va a ser calificada por los jueces “teniendo en cuenta la ley o las manifestaciones de la calle”, como las convocadas por López Obrador. Mill Ackerman, estadounidense naturalizado mexicano, aseguró que López Obrador ha convocado a sus seguidores a las calles “para reaccionar a las presiones que los dirigentes del PAN han ejercido sobre el TEPJF desde hace varias semanas”. Por su parte, la coalición Por el Bien de Todos pidió, el fin de semana, a los magistrados ordenar el recuento voto a voto de los comicios y “no ceder a las presiones ni someterse a criterios formales”.


         López Obrador alega que el 2 de julio hubo un fraude que favoreció a Calderón, quien lo aventajó por 0,58 puntos porcentuales en el escrutinio del autónomo Instituto Federal Electoral (IFE). El líder izquierdista impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para resolver las quejas y hasta el 6 de setiembre para señalar al presidente electo, en caso de declarar la validez de las elecciones. El presidente electo, que sucederá en el cargo a Vicente Fox, del PAN, deberá tomar posesión el 1 de diciembre por un período de seis años.


     Para el analista Edgar Corzo, experto en legislación electoral e investigador de la UNAM, son “normales” las actuaciones de Calderón y López Obrador, y coincidió con Mill en que el proceso “transita por el carril institucional”. “Los magistrados electorales afrontan un momento delicado y complejo, máxime si se tiene en cuenta que la democracia mexicana es aún joven, pero confío en que habrán de tomar sus decisiones con plena independencia y apegados a la ley”, dijo Corzo a Efe.

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