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15 de noviembre de 2012
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PUNTO DE VISTA

Jamás olvidarse de los horrores

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<b>Por Jorge Hirschbrand.</b> El caso Otilio Romano representa mucho más que a un magistrado acusado por delitos de lesa humanidad.

El viaje no estaba en los planes. Tal vez, porque el juez que tiene la causa es muy minucioso con los casos que le competen o, quizá, porque quiera escuchar en primera persona el testimonio de quienes padecieron los tormentos. Lo cierto es que el máximo tribunal de Chile, en este caso representado por el juez Sergio Muñoz, conocerá de boca de las víctimas de la dictadura militar en Argentina cómo funcionaba el aparato represivo, en especial en Mendoza, con el aval y la complicidad de los sectores civiles.

Por reiterativo, trillado y todavía sin definición, el caso Otilio Romano ha perdido la atracción mediática que supo tener al inicio de la historia. Sin embargo, el expediente representa más que a un magistrado acusado por delitos de lesa humanidad. Es la prueba más avanzada del apoyo que tuvieron en diferentes estamentos quienes gobernaron el país o actuaron en la ilegalidad entre 1976 y 1983. Muchos de ellos siguen actualmente en posiciones de poder, tal cual ocurrió hasta hace unos meses en la Justicia federal, con Romano, Luis Miret y Julio Petra manejando la Cámara a su antojo y beneficiando a cuanto represor era investigado.

También, en el camino y con el paso del tiempo se pierde el sentido que se le debería dar al concepto de "crímenes de lesa humanidad". Se ha escrito tanto al respecto y sobre la violación a los derechos humanos en nuestro país, que pocos alcanzan a comprender cuáles son los hechos de los que se habla.

Por eso es válido que las víctimas viajen a Chile y le expliquen al juez supremo que debe decidir si Romano es extraditado a Argentina de qué se habla cuando se habla de tormentos. Sirve también para no perder la memoria e impedir que el paso de los años y la cantidad de publicaciones al respecto terminen por frivolizar el pasado. O, en todo caso, que se pierda el verdadero impacto que debería tener.

Sergio Muñoz escuchará, seguramente, la declaración de ex adolescentes que fueron secuestradas y encerradas en centros clandestinos de detención. Allí las violaron, les practicaron simulacros de fusilamiento a tal punto que comprendieron que lo mejor que podía pasarles era ser abusadas sexualmente. Al menos así se mantenían con vida y hasta se sentían culpables porque ellas mismas llegaron a tener el macabro pensamiento de que "algo habrían hecho" para merecer semejante tormento. De ese modo, el objetivo de los represores estaba cumplido: agresión física y mental.

Los abusos, en el caso de Mendoza, ocurrían, por lo general, en el D2 y no eran hechos aislados. Está confirmado que fueron parte de la estrategia de la denominada "guerra contra la subversión". Y por ser practicados de manera sistemática también se los considera delitos de lesa humanidad.

Porque no se trataba de un policía o un soldado descarriado. No, nada de eso. En el D2 se desarrollaban rondas de violaciones. Efectivos y efectivos que sometían a las presas y a los presos. Violaban a las mujeres y hacían que sus parejas, también detenidas, escucharan. Un desprecio total.

Luego los picaneaban. A ellas y a ellos. El juego recurrente de los torturadores era aplicar corriente eléctrica en la zona genital. Era el pasatiempo favorito. No importaba si el detenido hablaba, confesaba o se hacía cargo de cuanto delito existía en el país.

A eso se sumaba el submarino seco, que consistía ni más ni menos que en asfixiar a una persona hasta dejarla a punto de desfallecer. Si sobrevivía, seguía siendo torturada. Si moría, la sacaban de la habitación y pasaba la siguiente. O bañarla con agua helada en invierno y con temperaturas bajo cero. O golpearla hasta provocar todo tipo de contusiones. O robar a sus hijos chiquitos. O directamente matarla y hacer desparecer el cuerpo.

Argentina tuvo campos de concentración similares a los de la Alemania nazi. Ocurrió acá también, en Mendoza, muy cerca de todo. El D2 funcionaba en el actual Palacio Policial. Y todas esas atrocidades eran moneda corriente. Gritos, llantos, muertes.

No es morbo. Son imágenes que quedaron en nuestra historia y sería hipócrita borrarlas. No tenerlas en cuenta sería volver a agachar la cabeza y hacer de cuenta que nada ha pasado. Algunas, no relatadas aquí, son aún más crudas.

Lejos de eso, hay que tenerlas muy presente para que nunca más vuelvan. Y sólo a partir de allí se puede plantear cualquier tipo de discusión ideológica y política. De izquierda, derecha o centro. Todos los pensamientos son válidos, más allá del modelo o del método. En lo que sí debe haber un acuerdo incuestionable es en condenar este tipo de conductas, de hechos.

La persecución judicial de los responsables de ese accionar no puede quedar prisionera de un color político o de un gobierno de turno. Debe trascender estas cuestiones y establecerse como regla general. Bajo ningún punto de vista debe justificarse que el Estado haya cedido todo su aparato para moverse por fuera de la ley y de lo que establece la Constitución.

La historia demuestra que las actividades represivas eran menos clandestinas de lo que se pensaba. Muchos políticos de la época y funcionarios judiciales y eclesiásticos sabían exactamente lo que pasaba. No sólo callaron por miedo, sino que colaboraron. Durante y después. Intentaron dejar el pasado oculto, en el olvido o, simplemente, brindar seguridad e impunidad a los represores. Son camaleones que hasta actúan como hombres democráticos pero añoran los años de terror.

Ahí radica esa búsqueda permanente de justicia. Porque muchos de ellos todavía andan sueltos, con muchos muertos encima y no deberían moverse al margen de la ley.

Es justicia, no venganza ni revancha. No hay que caer en esa confusión. No hay ninguna intención de poner en práctica el ojo por ojo. No se pretende torturar, violar o desaparecer a nadie. Eso es sólo estrategia discursiva de quienes intentan desacreditar las investigaciones y el avance de las causas judiciales. Todo, absolutamente todo, debe ser siempre dentro de la legalidad, con la premisa de que aun con todas las pruebas existentes, los acusados puedan gozar del privilegio de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Y que tengan derecho a defensa. Esa premisa debe ser irrenunciable. Porque el día que eso se quiebre, entonces ya nada tendrá sentido. 

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