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20 de junio de 2007
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UNIDAD FISCAL ESPECIAL

Investigan si hubo desvío de leche social

Un informe indica que no todas las cajas del alimento estaban destinadas a personas carenciadas.

    La causa de la leche en mal estado continúa instruyéndose en la Justicia. Por estas horas,Luis Correa Llano, fiscal especial que abrió un expediente de oficio, está investigando si algunas partidas del vital alimento no llegaron a los centros de salud, tal como estaba estipulado. Según aseguraron fuentes judiciales, existen facturas en el Tribunal de Cuentas en las que no se detalla claramente dónde fue suministrada la mercadería ni quién la recibió y sólo figura la palabra “privado”. Según estos indicios, en algunas de las entregas no se habría especificado el centro de atención médica que aceptó la leche para luego repartirla entre carenciados.
    Esto se desprendería de un informe que el Tribunal de Cuentas remitió a la Unidad Fiscal Especial en las últimas horas. Lo que se está tratando de determinar es si personas que no estaban anotadas en las listas de planes de ayuda social recibieron el cuestionado producto sin necesitarlo. “Algunas cajas pueden haber sido entregadas con fines políticos, como lo ocurrido con los ticktes Vale Más”, señaló una fuente judicial. A esto ha estado abocado el fiscal especial, quien para hoy citó a Liliana Mirábile, ex directora de Políticas Alimentarias, para que dé las explicaciones del proceso de licitación (ver aparte). La ex funcionaria fue desplazada del Ministerio de Desarrollo Social cuando trascendió la denuncia. Mientras tanto, informaron que personal del Tribunal de Cuentas continúa compareciendo ante el fiscal para prestar testimonio de los hechos. Ayer a la tarde fue citado un funcionario para que describiera lo que estaba detallado en las facturas con el detalle “privado”, aunque no trascendió lo que explicó ante el magistrado.
LOS EJES. Además de estas presuntas irregularidades, la pesquisa está centrada en si existió delito cuando se adjudicó la licitación a Mageral, ya que una advertencia del Ministerio de Desarrollo Social enviada al Tribunal de Cuentas a principios de julio del año pasado aseguraba que el producto La Campesina no cumplía con una de las normas que establece el Código Alimentario de la Nación. Que la titular de Políticas Alimentarias estaba al tanto del informe de su ministerio pero igual adjudicó la licitación a Mageral podría estar enmarcado en un delito de fraude a la administración pública. De todas formas, todavía la causa no tiene imputados, debido a que está en la etapa de recolección de pruebas. Además de secuestrar la semana pasada algunas cajas de leche con la finalidad de que se le practicaran estudios de degustación y se recabaran testimoniales de funcionarios del Ejecutivo, el fiscal solicitó que la cartera de Desarrollo Social –que comanda Sergio Pinto– envíe un informe sobre sus actuaciones en la licitación.
 LA HISTORIA. Todo comenzó cuando varias madres de los departamentos de San Rafael, Las Heras,Guaymallén y La Paz denunciaron que los centros de salud estaban entregando leche intomable. El año pasado, el Gobierno compró a Mageral el producto La Campesina. En total, fueron 315.000 unidades por un monto que superaba los dos millones de pesos. Iba ser entregada para atender a niños y mujeres embarazadas. Otra partida, de 300.000 cajas, fue adjudicada a la marca Vidalac. Aparecidos los cuestionamientos, desde el Ejecutivo afirmaron que sólo una partida destinada a centros de salud de San Rafael no estaba en condiciones aptas para el consumo. Ante esto, explicaron en su momento Pinto y Mirábile, se decidió retirar las cajas de La Campesina y el circuito de leche del Sur provincial fue remplazado por otra marca.

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