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13 de febrero de 2007
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TRANSFERENCIA DE DINERO

Investigan presunta violación de secretos

TÉLAM). La Justicia federal investiga si la firma Swift, con sede en Bruselas, Bélgica, dedicada a la transferencia electrónica de dinero en todo el mundo, violó secretos al difundir a Estados Unidos los datos de más de 1.300.000 operaciones efectuadas desde Argentina.

   BUENOS AIRES (TÉLAM). La Justicia federal investiga si la firma Swift, con sede en Bruselas, Bélgica, dedicada a la transferencia electrónica de dinero en todo el mundo, violó secretos al difundir a Estados Unidos los datos de más de 1.300.000 operaciones efectuadas desde Argentina. Pese al hermetismo que hay en los tribunales de Comodoro Py 2002 de esta Capital, Télam pudo saber que se trata de una causa iniciada por denuncia del fiscal general Germán Moldes ante la Cámara Federal, que recayó en el juez Norberto Oyarbide.

   Tras realizar una investigación preliminar, Moldes concluyó en la necesidad de que la Justicia analice la denuncia efectuada por la fiscal general en lo comercial Alejandra Gils Carbo, en base a un informe de la agencia Privacy International con sede en Londres. El caso, que en algunos países se conoce como Gran Hermano, se originó a raíz de la “transferencia de información personal de Swift al Gobierno de Estados Unidos” que involucra la “divulgación encubierta de información personal relacionada con residentes de Argentina”.

   Swift es la responsable de más de 90 por ciento de las transferencias electrónicas de dinero entre todas las entidades del mundo y está integrada por representantes de los 2.200 principales bancos del mundo. En la denuncia se señala que, si bien la divulgación se requiere para prevenir actos terroristas, “debe estar sujetas a procesos legales establecidos” y siguiendo pasos que no se habrían cumplido “ni por Swift ni por el Gobierno de Estados Unidos”.

   “Esta denuncia no busca desafiar la existencia de disposiciones para divulgar información personal basadas en fundamentos legítimos de seguridad nacional o en el contraterrorismo”, afirmó la fuente consultada por Télam. No obstante, la fuente dijo que, en este caso,“las divulgaciones son ilícitas y debería ponérseles fin”. Tras la denuncia de Moldes, el juez Oyarbide delegó la instrucción de la causa en los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers.

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