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1 de febrero de 2007
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Inestabilidad en Ecuador

La inestabilidad institucional que ha soportado Inestabilidad en Ecuador Ecuador en la última década ha pasado factura a la tradicional clase política del país, abocada ahora a cambios radicales impulsados por el Ejecutivo y la sociedad civil.

   La inestabilidad institucional que ha soportado Ecuador en la última década ha pasado factura a la tradicional clase política del país, abocada ahora a cambios radicales impulsados por el Ejecutivo y la sociedad civil. Ese es el criterio de analistas y políticos que advierten que la pugna entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión social en el país, como se vio ayer en Quito, donde grupos de manifestantes intentaron ocupar el Legislativo y se enfrentaron con la Policía.
 
   Según el catedrático Mauro Cervino, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la violenta manifestación de ayer, en la que miles de personas exigieron que se agilice la asamblea constituyente promovida por el presidente Rafael Correa, es una expresión de la polarización de posiciones en el país. Cervino comentó a Efe que el conflicto entre el Congreso y el Gobierno “se veía venir, con el riesgo de que se radicalice a cada momento”.

   “En esta pugna de poderes, ni por parte del Ejecutivo ni del Legislativo ha habido señales, aunque sea débiles, de acercarse y de establecer condiciones para una concertación o un diálogo que impida esta confrontación”, añadió. Para el analista,“lo más peligroso, más allá de los signos violentos de la pugna, sería que los dos bandos consideren que tienen la legitimidad para mantenerla” y justifiquen desde su propia óptica todo lo que suceda.

   “Ecuador está pagando las consecuencias de los errores cometidos durante veinte años de historia política en el país”, período en el que los partidos tradicionales tuvieron una “nefasta representación política que ya ha colapsado”, agregó. El Gobierno acusa al Congreso, dominado por los partidos políticos tradicionales, de impedir la consulta para una asamblea constituyente con plenos poderes, con los que quiere “recuperar la Patria” perdida en la última década de inestabilidad.

   En los últimos diez años se han sucedido en la jefatura del Estado ocho presidentes, cuatro de ellos elegidos en las urnas, de los que tres fueron destituidos por el Congreso. El Gobierno rechazó los actos violentos ocurridos en el Parlamento pero responsabilizó a los diputados de la oposición y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, afines a los partidos derechistas que controlan el Congreso, de ser los responsables de la reacción popular.

   El presidente Correa condenó la violencia de los manifestantes pero justificó las movilizaciones pacíficas de la gente contra un organismo que apenas goza de diez por ciento de confianza de la población, según las últimas encuestas. Correa considera que el Congreso no puede bloquearle la consulta popular que ordenó para el 18 de marzo, con la que prevé instaurar la constituyente, que es apoyada por 77 por ciento de los ecuatorianos, de acuerdo a los sondeos.

   Sin embargo, la mayoría parlamentaria –de oposición– ve actitudes dictatoriales en Correa, por insistir en la constituyente que, si se instala, podría disolver la cámara. El diputado opositor Federico Pérez, uno de los líderes de la mayoría, pidió la renuncia del ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, por no controlar las manifestaciones contra el Congreso.

   “La Patria se desborda en pasiones”, manifestó Pérez, tras acusar directamente a Larrea de “alborotar el país y, a río revuelto, tratar de conseguir lo que no puede hacer en términos adecuados y de respeto”. Los movimientos sociales afines a Correa han amenazado con radicalizar las manifestaciones si el Congreso bloquea la consulta popular y han advertido que las protestas se extenderán por todo el país.

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