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27 de octubre de 2006
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TRIBUNALES

Imputan por fraude a empleada de la DGE

La hermana del senador radical Leopoldo Cairone habría cobrado 12.000 pesos de más cuando estaba en la oficina de liquidaciones. Hay otras cinco personas en la mira de la Justicia

    Luego de que la propia Dirección General de Escuelas (DGE) denunciara ante la Justicia –a fines de marzo– que, al menos, seis empleadas y docentes cobraron dinero demás durante dos años, finalmente se imputó a una de ellas, mientras que la situación del resto, seriamente comprometido, se definiría en los próximas días. Se estima que el monto total que percibieron indebidamente estas personas supera los 55.000 pesos.

    Hasta ahora, la única sospechada de cometer estos ilícitos es Cecilia Cairone, ex funcionaria de la oficina de liquidaciones de la DGE y hermana del senador radical Leopoldo Cairone, quien está acusada de cobrar 12.000 pesos en la modalidad de fraude a la administración pública en forma reiterada. Por su parte, las otras cinco docentes cobraron demás 43.600 pesos en el período 2004–2006.

    Según consta en la investigación que lleva adelante el fiscal de Instrucción Daniel Carniello, uno de los titulares de la Unidad de Delitos Complejos, estos empleados habrían recibido en sus liquidaciones, durante un período aproximado de dos años, un acumulado extra que supera los 55.000 pesos por tareas no realizadas.

ANOMALÍAS.
El 23 de marzo, luego de ser detectados los casos tras abrir un sumario interno, la denuncia en sede judicial fue presentada en conjunto por la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE. Todo surgió cuando aparecieron serias anomalías en el mecanismo de liquidación de remuneraciones del grupo de docente citados. Ante esta seria situación, desde Recursos Humanos se inició una serie de sumarios y se dispuso que un grupo de personas de la DGE buscase más pruebas que sirvieran para corroborar si realmente se estaba incurriendo en un delito o si simplemente era un error.

NEGATIVA. Una vez establecido que esto no era una falla informática, se le pidió formalmente a estos docentes la devolución del dinero, tal como sucede cuando aparecen equivocaciones en la liquidación del sueldo. Pero los docentes se negaron a reintegrar la plata ya cobrada. Esta actitud de las personas sospechadas provocó que se realizara la denuncia en la Unidad Fiscal de Capital de Tribunales, pero una vez recibido el planteo, desde esa fiscalía se declararon incompetentes para resolver el caso,por lo que la investigación recayó en el fiscal especial Carniello.

APARTADOS
. Una vez que el hecho tomó conocimiento dentro de la DGE, la titular de ese organismo, Emma Cunietti, pidió que se investigara rápidamente qué estaba sucediendo con las remuneraciones de estos docentes con el fin de normalizar la situación.Y solicitó que se procediera a la denuncia penal. Según afirmaron fuentes judiciales ligadas a la causa, los docentes estarían en complot con empleados de la oficina de liquidaciones de la DGE para recibir más dinero, el que no era cobrado todos los meses, sino en períodos (ver aparte).

    A raíz de esto, dos empleados de esa área, entre las que se encuentra la hermana del senador radical Leopoldo Cairone, fueron apartados de sus puestos y trasladados a otra sección de la DGE, según confirmaron ayer desde ese organismo. En caso de que se compruebe, paralelamente a la investigación judicial, que tanto los docentes como los empleados trasladados han cometido algún delito, estos podrían ser cesanteados o suspendidos en sus funciones.

INDEBIDO. Además de Cairone, quien habría cobrado 12.000 pesos, la investigación da cuentas de acreditaciones indebidas a otras cinco personas por un total de 43.600 pesos. Una de ellas, empleada, habría obtenido 18.059 pesos; otra, docente, 11.604; la tercera, también docente, 8.284 pesos de más; otra, celadora, 3.777 pesos, y la última, docente, 1.877 pesos (ver gráfico). El dinero de más que habrían percibido corresponde a períodos que van desde diciembre del 2003 hasta febrero del 2006.

    Según consta en los expedientes judiciales, la mayoría de estas personas habría cobrado sin realizar las correspondientes tareas desde mediados del 2004, todo el 2005 y comienzos del 2006, con distintas cantidades de acreditaciones mensuales. Por ejemplo, una de las involucradas recibió 22 acreditaciones de dinero durante esos dos años, con montos que iban desde los 60 pesos hasta los 1.600 en cada operación.

LO QUE VIENE.“Hay casos en que pueden aparecer errores que son mínimos, de unos 20 o 30 pesos, porque la DGE realiza más de 90.000 movimientos mensuales de liquidación. En estos casos, se solicita la devolución del dinero o simplemente se compensa con el cobro del próximo mes. Pero los docentes involucrados habrían percibido sumas que van desde los 15.000 hasta los 20.000 pesos.

    Y, al ser intimados para que devuelvan el dinero, no lo hicieron”, explicó en ese entonces Dalmiro Garay, director de Asuntos Jurídicos de la DGE.Ya pasaron cinco meses desde que esa dependencia oficial presentó la denuncia en la Justicia pero, por ahora, sólo se ha conocido la imputación de la hermana del senador radical, aunque se estima que en los próximos días o semanas habrá novedades con el resto de las personas involucradas en este escándalo.

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