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21 de septiembre de 2009
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POLÍTICA

Honduras: un presidente en el exilio y otro en el poder

Uno de los países más pobres de América latina sigue sumido en una crisis política marcada por el golpe de Estado contra Zelaya

    El respaldo político que Zelaya ha recibido de la comunidad internacional no se ha traducido hasta ahora en su restitución en el poder, aunque las presiones externas contra el régimen de Micheletti se han endurecido más en los últimos días, principalmente de parte de Estados Unidos. Zelaya fue derrocado por los militares el 28 de junio, pocas horas antes de que se iniciara una consulta popular que el presidente promovía, orientada a reformar la Constitución, pese a que había una prohibición legal expresa de varios organismos del Estado contra dicha iniciativa.

    El mismo día en que Zelaya fue expulsado del país por los militares, el Parlamento designó como nuevo presidente a Roberto Micheletti, quien era titular del Legislativo y con quien Zelaya, pese a ser ambos del gobernante Partido Liberal, mantenía marcadas diferencias políticas. El Parlamento calificó la designación de Micheletti al frente del Ejecutivo como una “sustitución constitucional”.

    Dos meses después de que Zelaya fue depuesto, el 31 de agosto, comenzó la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en cumplimiento del calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que el 28 de mayo había hecho la convocatoria de los hondureños a las urnas con la participación de cinco partidos legalmente inscritos. Los partidos que intervendrán en la contienda son el Liberal, en el poder; el Nacional, la primera fuerza de oposición, y los minoritarios Democracia Cristiana, Innovación y Unidad-Social Demócrata y Unificación Democrática, de izquierda.

    Este año también ha sido inscrita la candidatura presidencial independiente del dirigente obrero Carlos Reyes, quien ha anunciado que si Zelaya no es restituido en el poder en setiembre, renunciará a sus aspiraciones electorales. Tradicionalmente, los únicos candidatos con opciones de triunfo siempre han sido los de los partidos Liberal y Nacional, ambos conservadores y con más de un siglo de historia.

    La campaña electoral se está celebrando entre el boicot que promueven Zelaya y el movimiento de resistencia popular, que exige su restitución en el poder, y un aparente optimismo y confianza de los candidatos Porfirio Lobo, del Partido Nacional, y Elvin Santos, del Partido Liberal. Lobo y Santos figuran entre los políticos y empresarios que, según el derrocado presidente, fraguaron en su contra. Micheletti, por su parte, ha reiterado que las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre y que él entregará el poder el 27 de enero del 2010, cuando concluye el mandato de cuatro años para el que fue elegido Manuel Zelaya.

CORRUPCIÓN. Luego del golpe de Estado comenzaron a trascender denuncias sobre múltiples escándalos de corrupción atribuidos a la administración de Zelaya, que se suman a otras que habían salido a la luz antes del derrocamiento del presidente hondureño. El ministerio público ha interpuesto demandas contra Zelaya, acusado de abuso de autoridad y traición a la Patria, entre otros delitos, por los que pende una orden de captura en su contra, aunque el depuesto presidente ha negado esos hechos desde Nicaragua. El derrocado presidente responsabiliza del golpe de Estado del que fue objeto a anteriores presidentes de Honduras, así como a empresarios, políticos, autoridades judiciales, miembros de la Fiscalía General del Estado y del Parlamento y a los militares, entre otros sectores.

   A todos ellos, que identifica como “los dueños de Honduras”, Zelaya los acusa de oponerse a que su Gobierno les diera “oportunidades a los más pobres y a proponer en Honduras un plan de desarrollo con procesos y mecanismos de democracia directa”. Zelaya también niega que haya pretendido perpetuarse en el poder con la reforma constitucional que propugnaba, como aseguran sus detractores, quienes rechazan que regrese a Honduras a menos que sea para presentarse a los tribunales de Justicia a responder por los delitos que le imputan.

    Las diferencias entre Zelaya y sus opositores se comenzaron a agudizar a inicios del 2008, cuando el gobernante depuesto anunció que Honduras se sumaría a la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), para lo que ya había buscado acercamientos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

    El 25 de agosto de ese mismo año, Honduras se adhería a Alba en una ceremonia que se celebró en Tegucigalpa con la presencia del propio Chávez, quien calificó de “pitiyanquis” y “vendepatrias” a los sectores hondureños que se oponían a la adhesión de Honduras a esa iniciativa, también auspiciada por Cuba. A la ceremonia de entrada de Honduras al ALBA asistieron como “testigos de honor” los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Daniel Ortega, de Nicaragua, así como el entonces vicepresidente de Cuba, Carlos Lage.

REGRESO. La comunidad internacional insiste con que la normalización democrática de Honduras pasa por el regreso de Zelaya al poder, esfuerzo en el que hasta ahora ha fracasado en dos ocasiones el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en calidad de mediador, y quien en el segundo intento propuso como solución el denominado Acuerdo de San José. El gobierno de Micheletti insiste con que Zelaya no puede regresar al país como presidente, uno de los puntos principales de la propuesta de solución de Arias, mientras que el derrocado gobernante reiteró a comienzos de setiembre en Washington, ante la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, que está dispuesto a firmar el Acuerdo de San José en Tegucigalpa.

    Desde que fue derrocado, Zelaya ha intentado en dos ocasiones regresar a Honduras, sin éxito. La primera fue el 5 de julio en un avión puesto a su disposición por el Gobierno de Venezuela, procedente de Washington, un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendiera a Honduras como miembro de ese foro continental.

    El avión en que viajaba Zelaya no pudo posarse en la capital hondureña porque los militares bloquearon la pista de aterrizaje con camiones, mientras que miles de seguidores de Zelaya y opositores al golpe de Estado protestaban frente a la terminal aérea. En la manifestación murió un joven de un balazo en la cabeza por razones aún no esclarecidas, aunque los seguidores de Zelaya atribuyen el hecho a los militares.

    Desde que Zelaya fue derrocado han muerto al menos cuatro personas en hechos aún no esclarecidos por las autoridades. También se han registrado centenares de detenidos y decenas de lesionados en acciones en las que hubo exceso de fuerza de parte de los cuerpos de seguridad, según un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en agosto visitó varias regiones de Honduras para informarse de las denuncias de violaciones a las garantías fundamentales después del golpe de Estado.

    El 24 de julio, Zelaya intentó por segunda vez entrar a Honduras por Las Manos, puesto fronterizo en los límites con Nicaragua, hasta donde había viajado desde Managua conduciendo un coche todoterreno junto al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Zelaya puso simbólicamente un pie en suelo hondureño en la franja de seguridad de la frontera común entre las dos naciones, pero no cruzó a su país, donde centenares de policías y militares lo esperaban para capturarlo.

    Esa situación provocó la movilización de seguidores de Zelaya hacia la región fronteriza con Nicaragua, además de la declaración de un riguroso toque de queda que se prolongó hasta finales de agosto. El movimiento de resistencia popular que exige el regreso de Zelaya continúa con sus protestas en las calles, aunque algunos de los manifestantes dicen que ahora ya no importa si viene o no el presidente, sino que los golpistas salgan del poder y que se instale una Asamblea Nacional Constituyente.

    Desde el exilio, Zelaya ha llamado a una insurrección popular en su país para que se le restituya en el poder, algo que los analistas locales no descartan que pueda producirse, aunque otros aseguran que la crisis se resolverá con elecciones limpias en noviembre, lo que no se ve fácil, por la polarización social que vive Honduras tras el golpe de Estado.

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