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29 de marzo de 2007
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EL ESTADO DEBERÁ PAGAR

Hija de policía asesino recibirá 180.000 pesos

Por el cruento episodio ocurrido el 13 de enero del 2000, cuando un policía mató a su esposa e inmediatamente se suicidó de un tiro en la sien, el Estado provincial deberá abonar por ambas muertes una indemnización cercana a los 180.000 pesos a la única hija del matrimonio, quien quedó bajo tutela de su abuelo materno

    Por el cruento episodio ocurrido el 13 de enero del 2000, cuando un policía mató a su esposa e inmediatamente se suicidó de un tiro en la sien, el Estado provincial deberá abonar por ambas muertes una indemnización cercana a los 180.000 pesos a la única hija del matrimonio, quien quedó bajo tutela de su abuelo materno.

    Esta es la segunda sentencia que recae sobre el caso, ya que, en el 2002, el Sexto Juzgado Civil condenó al Gobierno a pagar 74.000 pesos, estableciendo que el Estado debía responder económicamente solamente por el homicidio de la madre de la menor, Marcela Fabiana Ruiz (25). Con esta nueva resolución de la Cuarta Cámara Civil –tras una apelación de la parte actora (los abuelos maternos), que entendía que el Estado tenía que hacerse cargo por las dos muertes–, los magistrados fallaron al determinar que también hubo responsabilidad por parte del uniformado y, principalmente, del Gobierno.

    Esto debido a que el policía Hugo Leytes (29) había sido privado de portar su pistola 9 milímetros en 1993 cuando se detectó, tras una serie de exámenes, que tenía graves trastornos psiquiátricos, ligados a conductas agresivas y compulsivas. A pesar de este legajo, en 1998 le fue restituida.

FUNDAMENTOS. La extensión de responsabilidad que solicitaron los abuelos de la menor (se reserva su identidad) se funda, principalmente, en la negligencia cometida por el Estado al devolver un arma a un policía violento. Reclamaron daños y perjuicios por el hecho. “Es evidente la responsabilidad del Estado, que no tomó las precauciones del caso para hacer cesar en sus funciones a un policía desequilibrado”, explica una parte de los argumentos de apelación a la que hicieron lugar los jueces civiles.

     Además, entendieron que, luego del fallo del Sexto Juzgado Civil, al ser la depresión la principal causa del suicidio, otorgarle “un arma a una persona con tal trastorno y que la persona, efectivamente, se suicida con esa arma, ¿no implica responsabilidad?, teniendo en cuenta que quien se la devuelve no es cualquier tercero, sino el que está a cargo de sus problemas psiquiátricos y, además, el encargado de darle los servicios de carácter asistencial social para sí y los familiares a su cargo”, argumentaron los actores.

VIDA COMPLEJA. La historia de la pareja estuvo llena de dificultades. Se casaron a mediados de 1997 y, producto de la relación, tuvieron una hija, quien hoy tiene 10 años. En la resolución de los magistrados se explica que el policía Leytes sometió a violencia verbal y física a su mujer durante el transcurso del embarazo. Esto motivó que la joven Ruiz se marchara a la casa de sus padres. A pesar de esto, Leytes continuó con el hostigamiento, generando una denuncia en su contra por amenazas. Las agresiones no cesaron y, poco antes del crimen, el policía se presentó ante su mujer y la amenazó de muerte con su pistola, a pesar de que tenía prohibido usarla.

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