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31 de julio de 2006
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TERRENOS EN LITIGIO

Hay dieciséis conflictos por la tierra en Mendoza

La puja entre los puesteros que habitan los lugares desde hace años y quienes reclaman ser los dueños se centra en Lavalle, Santa Rosa, San Rafael y Malargüe.

     En Mendoza existen dieciséis conflictos por la tierra entre puesteros que viven desde hace generaciones en esos lugares y privados que reclaman ser dueños de los campos. Unos levantan como bandera los títulos y planos que poseen y otros esgrimen años de posesión de las tierras. Aunque los problemas se extienden a lo largo de toda la provincia, las comunas más afectadas son Lavalle, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael, y Malargüe.


     Sólo en este último departamento, hay problemas con 25 puesteros de Las Chacras, con 40 de Ranquil Norte, con 120 de Campo Las Loicas, 90 de Potreros de Cordillera y 100 de Colonia Río Grande. La titular de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (Doadu), dependiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Mónica Castro, explicó que en los últimos años los conflictos aumentaron. Esto tiene una explicación: el negocio de la soja hizo que la industria ganadera se trasladara de a poco hacia el oeste del país y que los campos adquirieran un nuevo valor.


     Por esto, después del 2002, los privados que nunca se interesaron por los campos ahora reclaman su propiedad y hasta presentan proyectos de explotación ganadera. En todos los casos hay intereses en juego y las situaciones nunca son fáciles de dirimir: hay aspectos legales, sociales y catastrales que se entremezclan. Castro explicó que, después de muchos años, los conflictos comienzan a destrabarse. Y dijo que realizan un verdadero trabajo de mediación ante los privados, a los que reconocen como propietarios cuando corresponde, pero siempre haciéndoles ver el peso que tiene la ocupación de la tierra por parte de los lugareños.


     LA VIDA EN EL PUESTO. El Programa de Arraigo de Puesteros, dependiente de la Doadu, tiene como fin hacer valer los derechos de los lugareños, al amparo de la ley nacional 6.086. En Mendoza hay unos 2.000 puesteros que viven desde hace años de la cría y comercialización del ganado y que no sabrían qué hacer si los sacan de esas tierras. El encargado del programa,Guillermo Bianchi, explicó que intentan intervenir antes de que los conflictos no tengan solución. Esto sucede, por ejemplo, cuando los puesteros firman contratos en los que reconocen la propiedad de otro o cuando un juicio de desalojo ya está avanzado. Bianchi comentó que ningún caso es igual a otro. Algunos puesteros están sobre terrenos fiscales, otros sobre propiedad privada, unos ya firmaron algún contrato con los supuestos dueños y otros logran asesorarse antes de dar ese paso. Por eso, ninguna solución es simple. El vocero de la Unión Trabajadores sin Tierra, Diego Montón, reconoció que desde el Programa de Arraigo de Puesteros están intentando intervenir de una manera más activa en los problemas, pero dijo que esto no alcanza para frenar la expansión de la agricultura empresarial frente a la familiar. Montón explicó que, en las negociaciones, los campesinos suelen estar en desventaja, porque, aunque llevan 20 años viviendo en el mismo lugar, las empresas tienen títulos legalmente válidos.


     INTERVENCIÓN.Ante un conflicto por la tierra actúan los miembros del Consejo provincial de arraigo, formado por profesionales de la Doadu, Catastro, Ministerio de Economía, Asesoría de Gobierno y un delegado municipal. Ellos se reúnen, una vez al mes, en el lugar afectado para tener la oportunidad de hablar con los pobladores. Una de las abogadas de la Doadu, Alejandra Pezzutti, explicó que buscan toda la documentación posible del caso, estudian la validez de los títulos presentados por los supuestos dueños, así como la certificación de todos los datos posibles de los puesteros para comprobar que realmente viven hace años en el lugar y que subsisten gracias a la cría del ganado.


      Como este es un conflicto de intereses, muchos aprovechan para sacar tajada. Hay privados que reclaman tierras que no son de ellos o por las que les hacen firmar a los lugareños contratos abusivos, con profesionales que los asesora mal. También hay gente que se hace pasar por puestera –cuando, en realidad, su actividad no se centra en la tierra– con el fin de lograr los beneficios de la ley.


      Todos estos intereses deben ser analizados antes de decidir el camino a seguir. En algunos casos es un arreglo con el privado. En otros, es necesaria una expropiación. Cualquiera sea el resultado, el objetivo es velar por los intereses de quienes tienen derechos adquiridos por permanecer durante años en las tierras. 

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