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20 de noviembre de 2006
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¿Hacia el paraíso educativo?

La especialista analiza el panorama que abrirá la nueva ley de educación. Asegura que la única forma de garantizar su cumplimiento, si es aprobada, es que cada uno cumpla con su rol

BUENOS AIRES (DYN). Las entusiastas expresiones del Gobierno en la presentación del proyecto de ley de educación nacional dejaron y contagiaron la sensación de que ese "infierno" al que aludieron cuando se hicieron cargo de la gestión se convertirá, prontamente, en el paraíso educativo que alguna vez distinguió a Argentina. Si se cumplió o no ese sueño de inclusión educativa de chicos de 5 a 18 años, el tiempo y los hoy niños y futuros adultos de mañana lo demandarán.

    Si cada uno en su rol cumplió responsablemente este cometido, los hechos lo van a demostrar. Si los diputados aprobaron la ley y derogaron la Federal de 1995, si se sanciona antes de fin de año y se aplica en el ciclo 2007, si el financiamiento de la enseñanza crece en unos 900 millones de pesos anuales al 2010 y alcanza 6% del PBI, si el Estado dio respuesta a los 800.000 niños de 4 años del país que necesitan su sala.

    La ciudadanía, con la futura ley, también contará con una herramienta para hacer valer sus derechos, ya que, por la nueva norma, el Estado será el garante de la inclusión de todos en el sistema, de impartir saberes y conocimientos en forma gratuita y de asegurar una vacante a los niños y jóvenes de cualquier rincón del país. En ese sentido, si en una alejada población, en comunidades rurales o fronterizas argentinas no hay oferta escolar cercana, los padres podrán demandar al Estado la apertura de ese servicio.

    Desde el escepticismo y en tiempos en que la vigente y añeja ley 1.420 de la presidencia de Nicolás Avellaneda, que universaliza la educación primaria –siete años– y la gratuidad, aún no puede cumplirse por la alta deserción que aún sacude a ese nivel, cabría preguntarse cuál es el reaseguro del ejercicio imaginativo de Filmus de "jóvenes estudiando y trabajando de lo que deseen". ¿Podrá cumplirse? La respuesta no es una, sino varias.

    El ministro suele decir que el reaseguro del cumplimiento de la nueva norma será la ley de financiamiento educativo, que proporcionará los recursos para la vuelta de las escuelas a la estructura de primaria y secundaria (6-6 años) y el otorgamiento de becas para los hogares humildes y castigará a las jurisdicciones que no hagan sus correspondientes aportes a la enseñanza. Pero también el escenario de inequidad económica tendrá que hacer su trabajo, respecto a permitir que los chicos estén en las escuelas y sus padres trabajando y terminar con esta grave distorsión de niños y jóvenes tempranamente en el mercado laboral, excluidos de la enseñanza, y sus padres desempleados.

    Pero las mejoras económicas, para dar respuesta a la igualdad e inclusión educativa de miles de chicos y jóvenes argentinos, tendrán que encontrar su correlato en la transparencia y ausencia de corrupción en toda la cadena de responsabilidades políticas. Basta hacer un pequeño ejercicio de memoria para recordar manuales y útiles tirados en galpones, becas usufructuadas por militantes políticos, cargos docentes fuera del aula para punteros barriales, peleas por cajas universitarias, certificaciones internacionales truchas, festivales de cursos de capacitación arancelados para el magisterio, rankings y competencias entre escuelas, entrega de más recursos y construcción de escuelas a las provincias si aceptaban las reformas.

    Por eso, tal vez no está mal iniciar el ejercicio imaginativo recordando que alguna vez en este país estudiar era un acto mecánico y voluntario, en el que estaba también quien decidía no hacerlo por propias razones, pero no ajenas. 

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