Héctor Cortés, el juez mendocino que preside el Tribunal Oral Federal (TOF) que juzga delitos de lesa humanidad en San Juan, tomó un gran protagonismo en las últimas horas. Porque no sólo decidió -junto a sus pares Alejandro Piña y Raúl Fourcade- rechazar un pedido de excarcelación por parte de un represor. Además estableció que la ley del 2×1 es inconstitucional y cuestionó el polémico fallo de la Corte Suprema.

En diálogo con El Sol, Cortés se muestra tranquilo con su postura. Dijo que desde que apareció el fallo mayoritario de la Corte, que aplicó el artículo 7 de la ley 24.390 (ya derogado y que fue conocido como el 2×1) en la causa contra el condenado Luis Muiña, comenzó a estudiar porque “nos imaginamos que habría una andanada de pedidos”.

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Y ese pedido llegó. Lo hizo el abogado defensor de Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. La respuesta negativa de Cortés y los otros miembros del Tribunal generó inmediata repercusión nacional.

Al explicar su fallo, Cortés argumentó: “Lo más importante es que todo el Estado, tanto el Ejecutivo y Legislativo como el Judicial, estaba embarcado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad con una decisión firme de absolver cuando hubiese que absolver y de condenar si a una persona se la consideraba penalmente responsable”.

“Además hay legislación vigente que indica que ningún poder del Estado puede indultar o declarar una amnistía para los casos de lesa humanidad. Lo dicen todos los tratados internacionales contra torturas, tormentos y genocidios. Hablan de la necesidad de investigar y juzgar estos hechos. Y en este caso estamos en presencia de una rebaja de pena encubierta“, agregó el magistrado.

– ¿Imaginó que tan pronto iba a tener que resolver un pedido de este tipo?

– Nos imaginamos, sobre todo con Piña (otro juez mendocino del TOF) que una vez conocido el fallo de la Corte habría una andanada de pedidos, principalmente de personas que tienen penas temporales porque en el caso de las perpetuas es diferente.

– ¿Cómo se preparó para el fallo?

– Desde que salió el fallo de la Corte nos empezamos a preparar. En mi caso, me puse a leer los fundamentos de la ley del 2×1. Estudié los debates parlamentarios de cuándo se sancionó la ley y de cuándo se derogó. También cuáles fueron los criterios de los jueces de la Corte, tanto de los que votaron en mayoría como los que lo hicieron en minoría.

Como yo era defensor oficial mientras la ley estuvo en vigencia, busqué los fundamentos que utilizaba para defender a las personas que patrocinaba, que no estaban vinculados a hechos de lesa humanidad.

– ¿Y cuál fue la conclusión?

– Es muy importante analizar cuál fue el espíritu de los legisladores que sancionaron y derogaron la ley. La ley del 2×1 se sanciona como una necesidad para alivianar las cárceles que están abarrotadas de gente y se deroga precisamente porque lejos de lograr ese objetivo, terminó premiando a las personas condenadas por delitos muy graves. Y jamás la intención fue premiar a ese tipo de delincuentes, por lo tanto nunca podrían entrar acusados por delitos de lesa humanidad.

– ¿Qué sintió al fallar en “desobediencia” a una sentencia de la Corte?

– El de la Corte no es un fallo que siente doctrina porque es dividido. El 3 a 2 marca las diferentes posturas que hay dentro del máximo tribunal y si bien puede ser una guía, no estamos obligados de ninguna manera a fallar del mismo modo. Está claro que podemos tener argumentos distintos.