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28 de septiembre de 2010
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FALLO

Guaymallén fue condenado a pagarle a una ex empleada

La Suprema Corte condenó al Municipio a abonarle unos 3.000 pesos a la ex directora del coro de ancianos, a quien no se le renovó el contrato cuando estaba embarazada. La causa continuará

    Nancy Donoso y su esposo, Juan Diego Dituri, vienen sosteniendo una batalla legal contra el Municipio de Guaymallén desde el año pasado por considerar que sus autoridades cometieron fraude laboral al dejarla sin trabajo después de tres años de ejercer como directora del coro de la tercera edad y en circunstancias en que estaba embarazada de cinco meses de gestación. Dos instancias de la Justicia no les dieron la razón, pero el 14 de setiembre, la Suprema Corte provincial hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Municipalidad a pagar una cantidad equivalente a tres meses de sueldo más intereses. Nancy debería cobrar no más de 3.000 pesos.

SEGUIRÁN EL PLEITO. Más allá de la suma que determinó la Justicia, la damnificada y su marido, asesorados por el abogado Alexis Barraza, han decidido apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos quieren que se dé un fallo ejemplar para que las distintas instancias del Estado (municipal, provincial o nacional) no puedan celebrar contratos precarios bajo distintas denominaciones, los cuales obligan a los trabajadores a prestar servicios por exiguos salarios, sin recibir beneficios de obra social o aportes jubilatorios ni, por supuesto, contar con estabilidad laboral.

EL FALLO DE LA CORTE. En la sentencia de la Suprema Corte se avala la contratación de parte del Estado a través de modalidades como la locación de servicios vía monotributo. Mencionan los jueces que, “no obstante las continuas menciones a la posibilidad de fraude laboral, la actora reconoce que no estuvo unida al Municipio de Guaymallén por un contrato de empleo público sino por una locación de servicios a término”.

    El fallo continúa: “La índole de las tareas realizadas (dirección de un coro de personas de tercera edad, sin prueba que acredite que se trata de un grupo estable), el tiempo transcurrido en la realización de esas tareas (menos de tres años), el modo de pago (a través de facturas de un monotributista que se presenta con un nombre de fantasía), no permiten sostener que ese fraude existió sin que la cuestión haya sido motivo esencial de discusión en las instancias inferiores”. Sin embargo, los ministros de la Corte encontraron un resquicio para darle parcialmente la razón a la ex trabajadora: la protección de la maternidad.

    Dicen que “esta se encuentra en la Ley de Contrato de Trabajo, que opera como norma marco. La mujer tiene derecho a 45 días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco días después, o sea, un total de tres meses. Este es un período mínimo durante el cual toda mujer embarazada debe gozar de las mismas asignaciones que tenía durante la relación que la unía a la empresa (pública o privada)”. Concluye la Suprema Corte en su sentencia: “Corresponde admitir parcialmente el amparo articulado y condenar a la Municipalidad a pagar la suma de 2.400 pesos más intereses”.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD.
Osvaldo Ábalos, director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Guaymallén, consideró que el fallo de la Corte ha sido favorable para la Comuna. “Entendemos que tenemos la razón, que siempre nos hemos manejado en el marco de la legalidad, que ellos han perdido porque de todo lo que pedían (diez salarios, reintegro en planta permanente en el mismo cargo que tenía más obra social con pago retroactivo), los jueces sólo le hicieron lugar a que le tengamos que pagar tres meses de sueldo que, de acuerdo a nuestro criterio, pagaríamos porque no tiene sentido apelar el fallo por el monto mínimo que se ha fijado”, fue la evaluación jurídica que realizó el letrado de la Municipalidad de Gauymallén.

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