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28 de febrero de 2007
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Guatemala tiembla por los asesinatos

El caso de los diputados salvadoreños incinerados y los posteriores asesinatos de los acusados del hecho ha puesto en peligro al Estado guatemalteco. Denuncian la existencia de grupos de la muerte.

    La matanza de tres diputados salvadoreños y su chofer y la posterior ejecución de cuatro policías guatemaltecos considerados sus asesinos salpica las estructuras del sistema de seguridad del Estado de Guatemala. El ex jefe de Inteligencia Militar y aspirante a la presidencia de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina, denunció que los cuatro agentes ejecutados el domingo en una cárcel del sureste del país integraban un escuadrón de la muerte de la Policía Nacional Civil (PNC).

    Según Pérez, máximo líder del opositor Partido Patriota (PP), en Guatemala están operando dos escuadrones de la muerte, uno en la PNC y el otro bajo el mando de un asesor del Ministerio de Gobernación (Interior), a quien no identificó. Pérez, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ramiro de León (1993-1995), señaló que los dos escuadrones de la muerte fueron conformados durante esa administración y cuentan con la complacencia de las autoridades, las que, hasta ahora, no han emitido opinión sobre la denuncia.

    A su juicio, estos tenebrosos grupos, que mantuvieron la zozobra en la sociedad guatemalteca durante la guerra interna que vivió ese país (1960-1996), fueron los responsables de matar a los tres diputados salvadoreños y a su chofer el 19 de febrero en Guatemala. Los cuerpos de Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González y el del chofer y agente Gerardo Ramírez fueron hallados calcinados dentro de la camioneta en la que habían viajado desde El Salvador para participar en una reunión del Parlamento Centroamericano, al que pertenecían desde octubre del 2006.

    Dos días después de los brutales asesinatos, las fuerzas de seguridad capturaron a los policías Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar como presuntos autores materiales. Tras la detención de los agentes, quienes integraban una unidad para combatir el crimen organizado, el director de la PNC, Erwin Sperisen, dio por resuelto el caso de los asesinatos de los políticos salvadoreños, policialmente hablando.

    Sin embargo, las autoridades guatemaltecas aún no habían descifrado los móviles del cuádruple crimen cuando, el domingo, un comando fuertemente armado ingresó al penal en el que estaban presos los agentes y los ejecutó. Los cuerpos de los policías presentan heridas de bala de alto calibre (fusiles AK-47) y están degollados, según el subjefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Cándido Bremen, quien integra el equipo del Ministerio Público (MP) que investigaba los asesinatos de los diputados.

    Para el presidente de Guatemala, Oscar Berger, los policías tenían nexos con el crimen organizado y las mafias, pero “eran testigos clave para seguir el proceso de investigación” de la muerte de los parlamentarios. “Era importante lo que podrían haber aportado”, indicó el jefe de Estado, quien no puso en duda que “hay una guerra entre ellos (las mafias), que ha ocasionado la muerte de los cuatro policías”, y responsabilizó de sus muertes a las autoridades penitenciarias.

    Por su parte, el director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila, sostuvo en su país que los asesinatos de los policías fue para interrumpir las investigaciones que darían con los autores intelectuales de la muerte de los diputados. “Se trata de evitar que se abra la caja de Pandora y se descubran hechos muy graves ocurridos en Guatemala relacionados con el crimen organizado”, anotó.

    Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la existencia de grupos clandestinos de seguridad en Guatemala con vínculos en las estructuras del Estado y han demandado al gobierno de Berger su desarticulación. En ese contexto, la impunidad ha provocado justificadamente el descrédito y la desconfianza de la población en el sistema de Justicia y ha permitido un incremento en la violencia e inseguridad, sostienen los organismos en un reciente comunicado.

    En diciembre, el Estado de Guatemala y la ONU firmaron un convenio para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar a los grupos clandestinos, pero todavía ese proyecto no ha sido ratificado por el Congreso.

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