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6 de julio de 2006
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POLÉMICA EN EL GOBIERNO

Funcionarios buscan recuperar el recorte

Fueron nombres importantes en la gestión de Roberto Iglesias y hoy siguen ligados, en puestos menores, a la de Julio Cobos, quien advirtió ayer que ?el que quiera cobrar el ajuste se tiene que ir?

       El intento por parte de un grupo de actuales funcionarios de cobrar el recorte salarial que el Gobierno aplicó entre el 2001 y el 2002 avivó una polémica en el seno del Poder Ejecutivo. Por lo menos tres hombres que fueron importantes durante el gobierno de Roberto Iglesias, y que continúan ligados a la gestión de Julio Cobos, presentaron notas para impedir que prescriba el reclamo de devolución del ajuste.


       Se trata del ex ministro de Seguridad Roberto Grillo (hoy, representante de la Provincia en el directorio de Edemsa), el ex subsecretario de Seguridad Mario Campos (coordinador de las regionales de la DGE) y el ex secretario privado de Iglesias, Raúl Ponce (asesor del Ministerio de Turismo). Las notas habrían ingresado por el Ministerio de Hacienda y revelaron un trasfondo mayor: diseminados por las oficinas habría más de 50 expedientes iniciados por el ajuste, mientras que muchos funcionarios de segunda o tercera línea ligados al iglesismo estudian si tomarán o no la decisión de unirse al reclamo del recorte, ya que las sumas en danza son suculentas: podrían cobrar entre 20.000 y 35.000 pesos cada uno.


     La movida llegó ayer a oídos del gobernador Cobos, quien no dudó en soltar una amenaza: “El funcionario que quiera cobrar el recorte se tiene que ir de mi gestión. Cuando termine mi gobierno, hará el reclamo legal o administrativo, pero me parece que no es una buena señal”, expresó. LEMOS. La Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación tiene en su poder expedientes con un total de 17 reclamos de funcionarios y ex funcionarios para la devolución del ajuste. El resto de los pedidos, como en el caso de los que habrían acudido a Hacienda, se encuentran en otras oficinas, según señaló su titular, Jorge Albarracín.


      En la nómina (ver aparte) aparecen asesores de varios ministerios, directores y funcionarios legislativos. Pero la sorpresa de la lista es que también figura la actual diputada nacional por la UCR, Silvia Lemos. Lemos aparece junto a otros directivos del Ente de Fondos Residuales de los Bancos Provinciales (Efor), unidad que condujo durante el gobierno de Iglesias, y en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación remarcaron que el planteo de Lemos permanece en pie, a pesar de la relevancia de su puesto actual.


      Si bien hizo hincapié en el mal gesto que refleja el reclamo del recorte salarial, Cobos dijo que a la diputada Lemos no le puede exigir que abandone el pedido porque no forma parte de su gestión. RECORTE. Entre agosto del 2001 y diciembre del 2002, el ex gobernador Iglesias recortó 7,5% de los sueldos de los empleados públicos debido a la crisis económica e impuso un tope salarial para los funcionarios de 2.012 pesos.


      En el 2004, Cobos decidió devolverle a los agentes estatales el traumático ajuste en cuotas. Pero, al año siguiente, el gobernador le estampó la firma a un decreto que autorizaba a pagarles el recorte a los funcionarios de los organismos de control de la provincia (Tesorería, Contaduría, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y Tribunal de Cuentas). A la fecha, también han cobrado el famoso recorte algunos funcionarios que eran empleados en la época en que se aplicó la medida y otros ex funcionarios que han logrado recuperar el dinero por la vía judicial.

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