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12 de septiembre de 2006
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SE REALIZÓ AYER EN TRIBUNALES

Foro sobre ley que protege los derechos de los niños

La ley nacional 26.061, que se refiere a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, fue sancionada en noviembre del año pasado y fue el motivo principal para que jueces, asesores de menores y funcionarios judiciales se reunieran ayer en el salón de actos de Tribunales para participar del foro en el que disertaron reconocidos especialistas en la materia.

    La ley nacional 26.061, que se refiere a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, fue sancionada en noviembre del año pasado y fue el motivo principal para que jueces, asesores de menores y funcionarios judiciales se reunieran ayer en el salón de actos de Tribunales para participar del foro en el que disertaron reconocidos especialistas en la materia. Entre otros ítems, la ley contempla la condición de sujeto de derecho de los niños, el derecho a ser oído y el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, como así también, el derecho del niño a vivir con su familia.

    “Esta nueva ley vino a colocar la centralidad de los derechos de la infancia en manos de quien nunca tendría que haberla dejado de tener, que es el Estado”, manifestó la ex diputada nacional y una de las impulsoras de la reglamentación Laura Musa. La ex diputada por el radicalismo en un primer mandato y, luego, por el ARI, comentó que la disposición 26.061 modificó en su totalidad la Ley de Patronato de 1919, la que permitía a los jueces determinar quiénes eran los niños en riesgo moral o material. Esto les daba a los magistrados la libertad de tomar las medidas que les parecieran pertinentes para el caso.

    Tras cualquier decisión del juez, los niños de las familias más vulnerables podían recaer en un orfanato, incluso sin el consentimiento de los padres. “Permitía el castigo a la pobreza”, dijo la presidenta de la fundación Sur Argentina. Con la nueva reglamentación se busca que la Justicia “no intervenga indebidamente en la vida de una familia, porque la pobreza merece la atención del Estado, nunca la sanción”, indicó Musa. Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia Aída Kemelmajer de Carlucci, quien fue la primera en disertar, sostuvo: “Existe un derecho a la vida íntima familiar. Los jueces sólo estamos para auxiliar”.

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