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11 de noviembre de 2009
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DESMANEJO DE FONDOS PÚBLICOS

Fiscalía autorizó el embargo de hasta 20% de los sueldos de los funcionarios

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La norma rige desde el 2003 pero el fiscal de Estado anterior nunca la puso en marcha

La norma rige desde el 2003 pero el fiscal de Estado anterior, Pedro Sin, nunca dispuso su aplicación. Sin embargo, ahora, en una jugada política que puede acarrear su costo, el subrogante que aspira a convertirse en fiscal comenzará a aplicar la reglamentación que permitirá embargar parte del sueldo a los funcionarios de los tres poderes que hayan sido sancionados con multas del?Tribunal de Cuentas por desmanejos en las cuentas públicas y que no las paguen.

Hasta ahora, empleados y funcionarios del Estado sólo eran notificados a sus domicilios de las multas o sanciones que debían pagar pero, una vez que recibían el oficio, podían pasar meses para que, voluntariamente, se presentaran a cancelarlo y, en el peor de los casos, nunca lo hacían. Esto era si la deuda era con el Estado, aunque, si se trataba de un motivo particular basado en una decisión judicial, el embargo sí estaba permitido como a cualquier mendocino.

Hasta ahora nunca un gobernador fue multado por el organismo de contralor de las cuentas oficiales.?Esto es porque en la línea de mando siempre aparecen responsables más directos como los directores de administración o los mismos ministros y subsecretarios de área. Pero estos últimos sí recibieron sanciones durante las últimas gestiones radicales y justicialistas.

Según el fiscal de Estado interino, Joaquín de Rosas, la medida no fue consultada con Celso Jaque ni con ningún otro funcionario. "Para qué les voy a consultar sobre una norma que se aprobó en el 2003; hay que hacerla cumplir y listo", sostuvo De Rosas cuando se le preguntó si hubo consenso para dar vía libre a esta decisión.

Las sanciones del organismo de contralor de las cuentas van desde los 300 a los 5.000 pesos y deben abonarse en una cuenta del Banco?Nación que se destina a Rentas Generales de la Provincia. Esto es si son fallos. Sin embargo, si se trata de cargos, esto es devolución de fondos públicos, el reintegro se puede pactar en cuotas y los fondos vuelven al organismo de destinO.

RETRASADO. La aplicación de los embargos llegará 6 años después de su sanción. El fiscal de Estado anterior, Pedro?Sin, nunca aplicó la norma. Está claro que embargarle parte del sueldo a un ministro o a un gobernador puede tener su costo político. Pero desde el Tribunal de Cuentas se lo vienen reclamando desde hace años, teniendo en cuenta que algunos políticos lo pagaban por temor al escrache público pero otros nunca cancelaban estas deudas y, una vez que dejaban sus puestos públicos, era prácticamente imposible cobrarles.

El Sol consultó a De Rosas sobre los motivos de la decisión que tomó en los últimos días y los argumentos dados como respuesta fueron dos. El primero: "La Provincia necesita recursos y nada mejor que los aporte de quien cometió un desmanejo, por esto, aunque me sirva para pagarles el sueldo a tres maestros por mes, lo voy a hacer", sostuvo. Pero, por otro lado, De Rosas sostuvo que la medida intenta ser ejemplificadora "porque sólo si ven que podrán quedar embargadas sus cuentas, los funcionarios se cuidarán más en el manejo de los fondos públicos".

La norma está establecida en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas -la 1.003 sancionada el 28 de octubre del 2003-. Concretamente, fija que podrá embargarse hasta 20 por ciento del sueldo de funcionarios o empleados del Estado si recibieran sanciones relacionadas con el manejo administrativo y financiero de las cuentas públicas.

En este sentido, este fin de semana se conocieron dos fallos. Uno contra un funcionario de Malargüe (el 15.352) que deberá pagar una multa de 5 mil pesos y reintegrar al?Estado 184.596,82 pesos que no lograron ser debidamente acreditados.?Se trata de funcionarios del área de Emergencia Habitacional del Sur provincial que deberán pagar un cargo importante por desmanejos producidos en el 2006.

La segunda sanción es contra tres funcionarios cobistas que deberán pagar entre 800 y 1.000 pesos por una manifiesta situación de descontrol en el manejo del inventario de armas en el Ministerio de Seguridad.

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