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20 de septiembre de 2006
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JUSTICIA FEDERAL

Fiscal demoró indagatorias por el caso Ángel Bustelo

Así lo denunció la parte querellante. Jueces actuales y ex secretarios debían declarar esta semana por el secuestro del reconocido dirigente y escritor, pero una magistrada lo frenó

    Las indagatorias solicitadas por la parte querellante a un grupo de civiles, militares, y funcionarios de la Justicia federal que desempeñó cargos durante la última dictadura militar, vinculado a la causa en la que se investiga el secuestro del reconocido dirigente y escritor Ángel Bustelo, fueron frenadas por la fiscal federal Alejandra Obregón.

    A dicha instancia judicial deberían haber asistido por pedido del hijo de la víctima, Fidel Bustelo –parte querellante junto a Armando Surballe–, el ex juez federal Luis Leiva, el actual magistrado del Tribunal Oral Nº2 de Tribunales Federales, Roberto Nacif; Juan Carlos Guiñazú y Gerardo Walter Rodríguez, pero esto no sucedió debido a que no se notificó a las partes, por lo que se generó un manto de dudas en cuanto al esclarecimiento del caso.

    Durante el gobierno de facto, los citados cumplieron la función de secretarios en el Juzgado Federal cuando sucedió el secuestro y posterior tortura del abogado, ya fallecido. Fuentes tribunalicias explicaron que los testigos tendrían que haber declarado esta semana ante el juez federal que instruye la causa,Walter Bento. A partir de la investigación hecha por el magistrado del Juzgado Federal N°1, se establecieron responsabilidades de varios funcionarios ejecutivos militares, quienes estuvieron vinculados con la detención ilegal y el posterior traslado de Bustelo a la Unidad 9 de La Plata –sin explicación alguna–.

    Por esto, la querella exigió que se profundicen las circunstancias que provocaron el secuestro y traslado de Bustelo. El objetivo de la querella es establecer si hubo o no responsabilidades de los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa, ya que el caso de Bustelo fue judicializado, no como tantos otros que jamás llegaron a esta instancia. Este grupo de funcionarios judiciales deberá responder en algún momento en el expediente, en el cual –según explicó la querella– podrían quedar seriamente involucrados. Si se da de esta forma, el secuestro de Bustelo podría comenzar a resolverse.

QUÉ SUCEDIÓ. Bento imputó por privación ilegítima de la libertad de Bustelo al ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, al general retirado Mario Lépori, al coronel retirado Tamer Yapur y al teniente coronel retirado Dardo Migno. Fidel Bustelo solicitó que se llame a declarar a quienes cumplieron funciones de secretarios, ya que tiene dudas de que en el secuestro de su padre haya únicamente cuatro culpables.

    En la resolución por la cual el magistrado imputó a los militares, manifestó además que hubo una orden de excarcelación librada por el juez federal de aquella época, Gabriel Guzzo, que nunca fue cumplida. Por esto, Bustelo permaneció secuestrado 11 meses, hasta que el ex presidente de la Nación Arturo Illia envió una carta a Menéndez explicándole que el renombrado escritor no era subversivo.

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