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3 de agosto de 2006
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Extienden un año la prisión preventiva de Alfredo Astiz

El ex capitán de la Armada y represor está detenido por el secuestro de dos monjas francesas y decenas de víctimas. La Cámara Federal homologó la prórroga para evitar recursos jurídicos de la defensa

        La Cámara Federal homologó la prórroga por un año de la prisión preventiva que cumple el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz por el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie René Duquet, entre otra decena de víctimas, durante su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la última dictadura militar. Así lo determinaron los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun (el tercer miembro de la Sala II, Horacio Cattani, no firmó por estar de licencia) al homologar una resolución, en el mismo sentido, del juez federal Sergio Torres, quien investiga las violaciones a los derechos humanos en el campo de concentración que funcionaba en la ESMA.


       En una resolución conocida ayer (y firmada el último día hábil antes del receso invernal) los jueces recordaron que hay “supuestos excepcionales” que habilitan la prórroga de esa medida cautelar y que “impiden una excarcelación automática”, como pretendían los defensores del ex marino, por llevar detenido más de dos años. En siete carillas, los magistrados señalaron que la “privación de la libertad cautelar debe estar relacionada con las circunstancias del caso”, y afirmaron que es presumible que el ex marino, “en caso de obtener la libertad, intentará burlar la acción de la Justicia”.


       También tuvieron en cuenta “la cantidad de delitos atribuidos y la evidente complejidad de la causa” como fundamento para “disponer la prórroga del encierro preventivo”, y recordaron que fueron ellos mismos quienes confirmaron el procesamiento, con prisión preventiva, de Astiz por haber participado en más de una docena de secuestros.


 LOS HECHOS.


       Entre esos hechos se encuentran los secuestros de las religiosas francesas, de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti, y los de Ángela Aguad, Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, María Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Remo Berardo y Horacio Elbert. Los camaristas recordaron que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –ahora nulificadas–, y las “dificultades para la recolección de pruebas que permitan el esclarecimiento de lo sucedido” en la ESMA, durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, provocaron que, durante dieciséis años, la investigación fuese “pospuesta”.


       Irurzun y Luraschi insistieron en la gravedad de los hechos imputados al destituido marino, que “llevan a caracterizar su conducta como crimen contra la humanidad” y, por ende, imprescriptibles, de acuerdo a los tratados internacionales. Las víctimas a las que se secuestró “fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanecieron privadas de su libertad y fueron sometidas a tormentos psíquicos y físicos”, recrearon los magistrados, y estimaron en más de 620 hechos los individualizados por el fiscal Eduardo Taiano.


    “La gravedad y características de los hechos, el compromiso social de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, la imposible reparación del daño causado, la calidad de las víctimas y los riesgos procesales son extremos que autorizan la prórroga concedida”, enfatizaron.

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