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25 de agosto de 2006
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Expropiaciones que desalientan inversiones

La figura de Luis D?elía como funcionario nacional y las medidas que impulsa son analizadas por nuestro especialista. Temores y preocupación por futuros emprendimientos.

    Hace días que venimos observando la conducta de un funcionario del Gobierno nacional, más precisamente, del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, el ex piquetero Luis D'Elía. Este personaje tuvo, semanas atrás, un polémico desembarco en el nordeste argentino. En la provincia de Corrientes, a bordo de un Unimov del Ejército, avanzó sobre los campos de un millonario estadounidense para entrevistarse con los campesinos, tras cortar con tenazas una tranquera con cadenas y alambres colocados por el empresario, dado que son tierras de propiedad privada y, me imagino, este empresario se reservará el derecho de admisión.

    Con esto, ahora D'Elía es, además de funcionario público, ecologista y oficial de Justicia. Sin ir más lejos, el funcionario de Kirchner presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un riesgoso proyecto que propone expropiar las tierras del empresario estadounidense en Corrientes como “un acto de soberanía (¿?)”, y que lleva la firma de más de 40 legisladores nacionales. Esta avanzada del ex piquetero nos pone en una riesgosa situación que amenaza con sentar un peligroso precedente en el país en materia de seguridad jurídica.

    Lo más llamativo de todo esto es el silencio reinante con respecto a este tema desde la misma Casa Rosada, lo que alarma aún más, ya que el que ingresó por la fuerza y frente a las cámaras de televisión de todo el país a un predio privado es un funcionario nacional puesto en el cargo por el mismo presidente Kirchner. La gravedad de este hecho acusa que podría espantar a nuevos inversores y afectar la seguridad jurídica y la imagen del país en el exterior.

   Más allá de que estas tierras hayan sido compradas con planes de facilidades otorgados por el entonces presidente Carlos Menem, no dejan de ser tierras de propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución Nacional, en su primera parte dice: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada por ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

    A este empresario “villano” lo apoyan asociaciones como Greenpeace y la fundación Vida Silvestre, entre otras, dado el carácter de ecología profunda que le aplican a sus tierras. Por lo que este tipo de actitudes pueden acarrear, por efecto cascada, otras situaciones similares en el resto del país. Sin ir más lejos, en Neuquén la Confederación Mapuche realiza una toma de una hostería para extranjeros. Dichos mapuches ya han anticipado que avanzarán sobre otros campos de grandes inversores extranjeros apenas la nieve permita despejar los accesos. De más está decir que cuentan con todo el aval del subsecretario D'Elía.

    Como se mencionó anteriormente, esto, básicamente, atenta contra todo tipo de inversión extranjera en nuestro país. La clave está en poder entender por qué es tan importante para un país tener un nivel de inversión sustentable. La función de la inversión en un sistema económico es un tema bastante complicado, cuyas pautas analíticas varían según las circunstancias del caso. En esencia, la inversión privada productiva está motivada por las ganancias esperadas respecto de un proyecto alternativo (en cualquier lugar) y por la posibilidad de quedarse con esas ganancias.

    A su vez, las rentas esperadas responden a argumentos tales como el nivel de ventas esperado, los precios de venta, los costos de los insumos, tasas de interés y, lo más importante, las reglas de juego y la seguridad jurídica (es decir, la sustentabilidad de dichas reglas). Pero todos estos argumentos juegan dentro de un horizonte temporal planeado de la inversión, o sea, el tiempo en que la inversión se efectúa, madura y se recupera respecto de un proyecto alternativo. También es importante el nivel de inversión planeada respecto del patrimonio del inversor y su capacidad de endeudamiento.

    Según sea el horizonte temporal y la escala de inversión, diferentes serán los pesos de cada uno de estos argumentos. El modelo de inversión que tiene nuestro presidente en su cabeza es el que se llama efecto acelerador, donde la inversión de mañana depende exclusivamente de las ventas esperadas durante el día, no de los precios ni de las reglas de juego ni de la seguridad jurídica de un futuro un poco más extenso.

    Por ende, sería bueno que en nuestro país se respete la propiedad privada y que se fomenten las buenas inversiones que vienen a quedarse en Argentina, dejando de lado estas actitudes patoteras de funcionarios nacionales que, desde (no sólo) el punto de vista económico, le hacen tanto daño al país. Por ello, no es tarea sencilla calcular el costo que tiene el no respetar las reglas y la seguridad jurídica, pero, en algún momento, Argentina (no Kirchner) puede lamentar haber optado invariablemente por ventajas de corto plazo a cambio de desvirtuar dichas reglas y comprometer el futuro.

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