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19 de junio de 2007
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SITUACIÓN CARCELARIA

Estudian sanciones a internos por desmanes

El Gobierno evalúa darles más tiempo de prisión debido a los incidentes registrados en Almafuerte, donde taparon las cloacas.

    El Gobierno provincial analiza sancionar a los internos involucrados en los daños provocados a las cloacas de la unidad penal Almafuerte, ubicada en Cacheuta, con un incremento en la pena que constaría, como mínimo, de un mes más de prisión una vez que cumplan con la condena. La medida, que está supeditada a lo que determine la investigación judicial, se debe a que los presos no tienen solvencia económica para afrontar los gastos de las reparaciones que se realizaron tras los desmanes.

SANCIÓN. “Se les aplicará, seguramente, penas accesorias, por ejemplo, un mes más de prisión y la pérdida de beneficios, porque no tienen forma de pagar el daño. O sea que una vez que cumplan con la condena deberán permanecer un tiempo más, de acuerdo a la cantidad de sanciones de este tipo que acumulen”, aseguró Gustavo Castiñeira de Dios, subsecretario de Justicia.

    Además de realizar la denuncia en la Oficina Fiscal Nº11 de Luján de Cuyo contra los internos del penal, el Gobierno confirmó que se instruirá como actor civil, “para impulsar la investigación, que no sea cajoneada y que el proceso gane en celeridad”, explicó el funcionario, quien ayer realizó un recorrido por el penal de Cacheuta con especialistas internacionales en el sistema penitenciario, quienes van a capacitar a los guardiacárceles locales.

    La demanda oficial contra los internos surgió al detectarse en el nuevo penal, hace diez días, una obstrucción en el sistema cloacal. Cuando la empresa constructora fue a revisar si había alguna falencia en la obra, encontró frazadas, zapatillas y colchones en las cañerías. Debido a que la obstrucción no fue por problemas en la construcción, la firma no se hizo cargo y el Estado debió ocuparse de las refacciones. Esto indignó a la autoridades.

    “Estamos tratando con mucho esfuerzo de llegar a los estándares internacionales para poder tener un sistema modelo que redunde en beneficio para los internos, por lo que, si no cumplen con las normas, serán denunciados y sancionados”, insistió el subsecretario. La falta de solvencia económica de los internos es otro tema por el cual Castiñeira asume cierta responsabilidad como Gobierno, debido a que el actual sistema penal todavía no genera trabajo dentro de las unidades carcelarias para que los internos, mediante alguna actividad laboral, generen recursos propios que los ayuden a ellos y a sus familias.

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