Después de la fuerte polémica al interior de la Justicia por funcionarios que no son magistrados, pero que perciben los mismos salarios y los mismos beneficios, el gobernador Rodolfo Suarez presentó en la tarde de este jueves por mesa de entradas del Senado el proyecto para prohibir la equiparación de cargos y o retribuciones en el Estado.
Como lo había anticipado, hoy presenté el proyecto de Ley para la prohibición de equiparación de cargos y/o retribuciones en el Estado.
— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 5, 2020
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A partir de esta decisión y si llega a convertirse en Ley, todos los organismos del Estado deberán adecuarse en un mes, desde la publicación. En el caso del Poder Judicial, los saldos presupuestarios que surjan del ajuste deberán destinarse a la creación de cargos para el fuero de Familia
Este es el proyecto.
Este jueves, en un acto vendimial, Suarez defendió su iniciativa y explicó que ante posibles acciones de inconstitucionalidad trabadas por los empleados afectados, "los actos jurídicos del Estado deben ser legales y legítimos y esto es ilegal por donde se lo mire. Porque cuando uno cobra menos por una labor que tiene que cobrar más, puede recurrir a la Justicia, eso es un principio básico no solamente del Estado sino también de la actividad privada”.
Los puntos del proyecto
El proyecto de Ley que arremete contra los altos salarios en los distintos organismos del Estado, establece que ninguna norma o disposición podrá equiparar retribuciones por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado contratado, bajo cualquier modalidad.
Esta iniciativa alcanza a agentes que presten funciones en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas.
De aprobarse esta nueva legislación que promete poner punto final a “irregularidades en el seno del Estado”, es que se intimará a que en un plazo de 30 días a partir de la publicación del proyecto, se deberán adecuar todas las situaciones y se deberán suprimir los cargos equiparados a magistrados.
Según lo dio a conocer el propio gobierno, son más de 80 los empleados, sólo en el ámbito de la Justicia, los que deberán volver a su situación de revista escalafonaria, que tenían antes de la designación.
La Ley instruye a la Suprema Corte de Justicia a realizar las modificaciones presupuestarias que considere pertinente en el plazo de un mes y a los sesenta días de su publicación, deberá informar los saldos presupuestarios, a fin de que los mismos sean aplicados en reforzar los recursos humanos en el fuero de Familia.
Finalmente, el conflicto desatado en el Poder Judicial por los traslados de personal del fuero civil a los tribunales de Familia, tuvo su repercusión en gobierno.
Suarez puso bajo la lupa situaciones de privilegio, ante la falta de fondos para hacer frente a las demandas de esta estructura.
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