En su afán por terminar con la “industria del juicio”, el gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto a la Legislatura para modificar la forma de cálculo de la indemnización por incapacidad que se otorga a los empleados estatales.

Para eso el cambio se centra en el artículo 49 de la Ley 5.811 (Régimen de Licencias). Actualmente le ley establece para los agentes que padecen una “incapacidad absoluta y permanente”, “el derecho a recibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio,  o fracción mayor de tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicio si fuere menor.

La modificación que plantea el Ejecutivo es revertir esta forma de cálculo para pagar la indemnización. Se apunta a que a partir de ahora, en vez de indemnizar por los años trabajados, se recompense por los años que restan por trabajar.

“Lo que pretendemos es que al más joven se lo indemnice por los años que no va a poder trabajar. Se pretende que el pago no sea en función de la antigüedad sino por el tiempo que le quedará sin poder trabajar”, explicó el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri.

“El beneficio tiene por finalidad reparar la expulsión anticipada del mercado de empleo, resulta lógico que la misma beneficie de manera más intensa al agente que de manera anticipada se ve impedido de trabajar. Es decir, al agente que siendo joven es expulsado por la dolencia del mercado de empleo”, sostiene el proyecto entre los argumentos.

Contra la industria del juicio

Además de “beneficiar” a los jóvenes que tengan con una incapacidad, se pretende terminar con las “avivadas” de algunos. El problema que detectaron en el Ejecutivo, es que en el 90% de los casos se indemniza a agentes estatales que promedian los 60 años. De esta forma, a cinco años de jubilarse consiguen una indemnización por incapacidad según la antigüedad que tengan en el Estado.

El problema es que, según explican fuentes del Gobierno, en muchos casos a los 60 años las personas tienen -por ejemplo- artrosis producto de la edad y se les otorga la incapacidad teniendo que percibir la indemnización por todos los años trabajados. Con esto se apunta a generar también un ahorro en el Estado en lo que respecta a este tipo de indemnizaciones.

Esta idea no es nueva, ya la implementó Cornejo cuando era intendente de Godoy Cruz y notaba que se incrementaban los pagos por este tipo de indemnizaciones. En la comuna no modificó la ley pero se detectó a los “punteros” y se realizaron controles más estrictos respecto de la situación de salud de cada municipal, lo que permitió un mejor seguimiento y otorgamiento de las indemnizaciones en casos que realmente correspondía.

No es la primera vez que Cornejo apunta contra la “industria del juicio”. Ya lo hizo con la reforma del Código Procesal Laboral. En este caso se apunta a que caduquen los juicios laborales que no tengan avances durante un año. También se creó la Oficina de Conciliación Laboral con el objetivo de disminuir las causas laborales.

De hecho en el Código de Contravenciones recientemente aprobado se estipuló que los “caranchos” pueden ir presos, es decir aquellos que les ofrecen a las víctimas de accidentes de tránsito o laborales tarjetas para que sean determinados estudios jurídicos.

ATE en contra

Tras conocer el proyecto desde ATE, Roberto Macho, planteó que la iniciativa es “inconstitucional” y adelantó que realizará el reclamo correspondiente en la justicia.

“El Gobierno no puede modificar en forma unilateral. Una norma provincial no puede modificar una nacional y esto va en contra de la Ley de Contrato de Trabajo”, puntualizó el gremialista.