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19 de febrero de 2020
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Opinión

“Está mal... pero no tan mal”, como dice Guido

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El país necesita discutir a fondo el nivel de tolerancia a los hechos de corrupción y esa particular doble estándar que suele aflorar en la misma sociedad, frente al color político desde donde se cometa este tipo de ilícitos.

¿Te importa la corrupción o te resbala? ¿Realmente te jode que vivamos en un país en donde la corrupción pueda llegar a institucionalizarse de hecho y a pocos les importe en verdad? ¿Cuán cierto es eso de que, “si roba pero hace” está mal, pero no tan mal, parafraseando al conductor de TV Guido Kaczka? ¿Somos realmente capaces de hacer la vista gorda ante el posible o supuesto saqueo en grande o a cuentagotas del Estado, a la impunidad de la Justicia, si en cambio logramos contar con un trabajo o mientras aspiramos a él detrás de alguna que otra promesa y, quizás, con suerte, comenzar un proceso de desarrollo personal con el paso del tiempo? ¿Es cierto aquello de que, “donde hay una necesidad hay un derecho” y para satisfacer ese derecho se le puede tolerar al Estado la comisión de cualquier tipo de tropelías y de trampas y hasta de injusticias para cubrir tal derecho y necesidad? ¿Son, en realidad, tan fuertes las cuestiones o razones de tinte ideológico como para no molestarnos, como para ignorar y ni siquiera alterarnos, ante algunas iniciativas oficiosas que trascienden como globo de ensayo, intentando, otra vez, amordazar a los medios, a los periodistas y culparlos por la difusión de un hecho tal o cual de corrupción que involucre a un funcionario? ¿Es cierto que vivimos en una sociedad a la que la corrupción le importa un bledo?

“El huevo de serpiente incuba veneno y pugna por brotar”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el filósofo y escritor Miguel Wiñazki, para añadir: “Todos los disparates pueden volverse reales, como este proyecto de ley que pretende salvar corruptos y enmudecer a periodistas”.

El proyecto que se conoció ayer, pero que fue presentado hacia fines de diciembre y que impulsan cinco senadoras cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene como propósito favorecer a un funcionario sospechado de un hecho de corrupción si su caso llegara a tomar estado público por la vía de los medios de comunicación. Si así fuera, y el nombre del funcionario pudiese ser manchado o mancillado ante la opinión pública, incluso hasta le cabría el derecho de evitar una posible prisión preventiva por la sola cuestión de que el tema, en manos de los medios, supone una suerte de condena pública previa a un proceso judicial. En buen romance: si eso llegara a consumarse, de prosperar, se le prohibiría a la prensa difundir investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción.

Pero, al margen de este proyecto en particular, del cual la vicepresidenta habría tomado distancia de acuerdo con lo que se difundió desde su propio entorno cerca del mediodía de ayer, asegurándose que “no se impulsará,” que la iniciativa “está desde diciembre” y que Cristina “no anda vigilando los proyectos que se presentan”, el asunto que necesita discutir a fondo el país es el nivel de tolerancia a los hechos de corrupción y esa particularidad de doble estándar o doble vara que suele poseer y aflorar en la misma sociedad, frente al color político desde donde se cometa o cometan este tipo de ilícitos. Porque no se puede desconocer que, muchas veces y en determinadas circunstancias, la discriminación por color político, por origen o representación social y hasta según el discurso o el relato, si se quiere, aparecen con toda claridad cuando se ventilan hechos de corrupción en el Estado.

También, parte de la sociedad suele incurrir en la misma diferenciación y discriminación, de la misma manera que lo hace con los hechos de corrupción, cuando desde un determinado gobierno se anuncian procesos de ajuste o de desindexación generalizados, incluyendo hasta el de los ingresos o salarios mensuales. Es lo que se ve, por caso, con una sensata y obvia decisión política de no aplicar cláusulas gatillo para calcular los aumentos salariales de este año. Aquellos que algunos meses atrás, durante el gobierno del liberal Mauricio Macri, salían a la calle a tirar piedras por un ajuste previsional en discusión, o en contra claramente de una política salarial que no incluyera aumentos superiores a la inflación, hoy, sin ningún tipo de empacho, –militan también a los gritos– lo perniciosa que sería la aplicación de incrementos salariales que siguieran la suba mensual de los precios.

Se entiende que, mayoritariamente, según el resultado de los sondeos de humor social que suelen realizarse a menudo, el país se inclina hacia la búsqueda de un nuevo contrato social que represente, quizás, la refundación de la sociedad. De una sociedad que pueda llegar a contener todo lo bueno que podamos identificar que se posee, pero despojados de aquello que nos ha tirado hacia el abismo de una manera constante.

Sin embargo, mientras existan visiones y posiciones tan opuestas frente a un fenómeno que el mundo moderno condena casi sin fisuras, como la corrupción, y por caso cualquier intento de acorralar a la libertad de expresión o de dominarla o bien de usarla y dirigirla a gusto de quien ostenta el poder, pocas posibilidades de éxito tenga aquel objetivo común. Muy pocas. O bien –por qué no– quizás sean exitosas, pero para un determinado modelo perdido en el tiempo que se pretenda resucitar.

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