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5 de septiembre de 2006
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CAUSA POR LA VIOLACIÓN DE CLAUDIA

Esperan examen médico realizado a los compañeros

Las pruebas determinarán si los discapacitados que estaban con la joven en el instituto están aptos físicamente para tener relaciones.

    Después de que el 23 de julio le practicaran, tras una larga lucha judicial, el aborto a Claudia C.A., la joven discapacitada que fue violada, el fiscal que investiga la causa penal recibirá, en las próximas horas, un informe clave que ayudará a despejar algunas dudas sobre el autor del abuso. Se trata de los exámenes médicos realizados por el Cuerpo Médico Forense a los compañeros del instituto de rehabilitación de Luján al que concurría la joven de 25 años, los que servirán para comprobar si estos jóvenes, que también padecen problemas mentales, están físicamente aptos para mantener relaciones sexuales o si tienen disfunciones en sus órganos reproductivos.

    Según informaron fuentes tribunalicias a este diario, la conclusión a la que llegarán los profesionales del Cuerpo Médico Forense descartará o ratificará algunas de las cuatro hipótesis que se manejan desde que se presentó la denuncia, el 8 de agosto. De comprobarse que el grupo de al menos seis discapacitados “tiene disminuida la libido”, el fiscal avanzaría sobre otras presunciones, las que se orientan a las personas de sexo masculino que tenían contacto con la joven.

   De darse otro resultado, es decir, que los compañeros de Claudia pueden mantener o intentar tener relaciones sexuales, Ríos no descartaría que ellos podrían haberla violado. Lo cierto es que el artículo 119 del Código Penal, que tipifica las penas por el delito de abuso sexual, no prevé castigos para personas discapacitadas que hayan cometido violaciones, porque, como tienen deficiencias mentales evidentes, no son conscientes de los hechos que comenten. En síntesis, para la Justicia no son punibles si se comprueba que ellos la violaron.

CAUSAS. Desde un primer momento, la madre de Claudia, Ana Rosa Gazzoli, apuntó al instituto de rehabilitación como el lugar donde se habría perpetrado la violación. Por este tema, el fiscal Ríos citó a declarar a la directora del establecimiento, quien le aportó un listado de las personas que trabajan en el lugar.

    Las deducciones de Gazzoli se originaron cuando su hija le dijo en varias oportunidades que no tenía ganar de ir, principalmente, cuando llegaba a su hogar el transporte escolar que la llevaba hasta el instituto. Vinculado a esto, Gazzoli le entregó al magistrado los datos de los choferes del servicio, quienes declararon el miércoles en la fiscalía. Trascendió que estos no se negaron a realizar un examen de ADN, lo mismo que le pedirá el fiscal a dos profesores, dos psicólogos y tres empleados de mantenimiento del instituto, como así también a un familiar de la joven que tenía contacto con ella.

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