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20 de septiembre de 2006
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GOBIERNO VS JUECES

Esperada sentencia sobre la indexación

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Un tribunal de conjueces definirá esta semana si la ley que suprimió el beneficio salarial es constitucional. El fallo permitiría que Cobos acuda a la Corte Nacional.

    Un fallo trascendental para la pelea salarial entre el Gobierno y los jueces se conocerá esta semana. La sentencia que espera con ansiedad el Poder Ejecutivo se referirá a la constitucionalidad de la Ley provincial 7.125, del 2003, por la cual fue eliminada la indexación de los magistrados. La norma fue apelada poco después de su sanción en la Legislatura provincial por la mayoría de los jueces indexadores. Y luego de muchas idas y vueltas –la demora fue de un año y medio–, la causa quedó en manos de un tribunal de conjueces de la Corte provincial, conformado por Gustavo Campoy, Pablo de Rosas y Juan Jiménez Mathus.

    Aunque en el Ejecutivo hay pocas esperanzas de obtener un fallo favorable, destacan que esta sentencia tendrá “un alto impacto político” y será el paso previo para que la causa pase a manos de la Corte Suprema de la Nación, para que allí se resuelva la cuestión de fondo. Este es un viejo pedido del gobernador Julio Cobos, quien aspira a dar vuelta la pelea con los jueces de ese ámbito. En su momento, la Corte Nacional rechazó un recurso de la Provincia y mandó el expediente de vuelta a la Justicia local.

    Pero ahora el escenario es distinto: el inminente fallo de los conjueces de la Corte provincial es de “única instancia”, por lo cual está asegurado que el juicio después desembarcará en la Corte de la Nación. En el Gobierno, creen que el viejo expediente de la indexación seguirá este camino cualquiera sea el resultado, ya que el bando que pierda seguramente elevará un recurso extraordinario a la Corte de la Nación.

ESPERANZAS. Cobos quiere que la indexación desembarque en la Corte Nacional cuanto antes, porque esta ya se expresó en contra del privilegio. En efecto, a principios de este año, el máximo tribunal del país rechazó un reclamo indexatorio de los jueces de Entre Ríos. Y calculan que ese será un precedente insoslayable a la hora de tratar el caso mendocino. El fallo nacional destacó que la intangibilidad salarial de los jueces no equivale al reajuste automático de los salarios de acuerdo a la inflación.

    Esto posibilitó que el gobierno de Cobos llegara a un arreglo con una parte de la Justicia provincial, la que abandonó el juicio de la indexación a cambio de un aumento de sueldo. La sentencia de la Corte Nacional también fue la base del único dictamen contra la indexación que ha surgido hasta aquí de la Justicia provincial: la Quinta Cámara Civil le ordenó este año a una camarista, Carmen Coronel Pfister, devolver lo que había cobrado en concepto de este beneficio.

    En contraste, poco después, el conjuez Luis Cuervo autorizó el pago de la indexación a 69 magistrados locales, con lo cual elevó a más de 200 la cifra de los magistrados que ya cobraron un jugoso retroactivo y tienen sus sueldos actualizados de acuerdo con el índice inflacionario (la Justicia tiene, en total, unos 330 jueces). En tanto, en varias cámaras de la provincia descansan cinco apelaciones del Gobierno contra los jueces que cobraron la indexación. Estos expedientes podrían seguir el mismo camino que el caso Coronel Pfister, pero no en lo inmediato: los jueces que intervienen fueron recusados y, por esto, el Gobierno calcula que las sentencias van a demorar.

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