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30 de octubre de 2009
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DETENCIÓN PARA LOS ILEGALES

España endurece la política inmigratoria

MADRID (DPA). El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer la polémica reforma de la ley de extranjería, que aumenta de, actualmente, 40 a un máximo de 60, los días que un inmigrante ilegal puede estar detenido mientras se tramita su expulsión del país, algo que los detractores de la ley consideran inadmisible.

    El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer la polémica reforma de la ley de extranjería, que aumenta de, actualmente, 40 a un máximo de 60, los días que un inmigrante ilegal puede estar detenido mientras se tramita su expulsión del país, algo que los detractores de la ley consideran inadmisible. La reforma salió adelante con los votos del gobernante Partido Socialista (PSOE), que fue apoyado por los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de Coalición Canaria (CC) y de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CIU). En contra votaron el conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de la oposición, así como varios partidos de izquierda y la pequeña formación Unión, Progreso y Democracia (UPYD).
    A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado (la Cámara Alta), los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 actuales. Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional (AI) como por organizaciones de inmigrantes. Estas habían solicitado el cierre de los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIR) existentes en el país, además de reclamar la regularización de los inmigrantes sin papeles, independientemente de si tienen un contrato de trabajo.
     La reforma también endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge “cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”. La nueva ley, además, permite a las distintas comunidades autónomas así como a organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España.
    El PP anunció que anulará la reforma, de llegar nuevamente al poder, al considerar que esta no servirá para frenar las “avalanchas” de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, se trata de una mera reforma cosmética que desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el “coladero” de ilegales de la Unión Europea (UE) y en territorio propicio para las mafias.
     Para los colectivos de inmigrantes, que protestaron contra la nueva normativa con una marcha de unos 700 kilómetros de Barcelona a Madrid, la reforma promovida por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es discriminatoria, considera al extranjero como mero instrumento de trabajo y criminaliza a los indocumentados. La polémica reforma, que supuso un giro en la política migratoria del gobierno socialista, fue aprobada por el Ejecutivo en junio. Sus detractores acusan al gobierno de querer endurecer las leyes de inmigración, debido a la grave crisis económica que atraviesa España y que ya ha generado 4,1 millones de desempleados. Según los datos más recientes, España tiene actualmente unos 46,7 millones de habitantes, de los que 5,6 millones (12 por ciento) son inmigrantes.
    Entre los extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), los ciudadanos marroquíes son los más numerosos (710.000), seguidos de los ecuatorianos (414.000) y los colombianos (293.000). Entre los inmigrantes europeos, el mayor colectivo lo forman los rumanos (797.000), seguidos por los británicos (375.000) y los alemanes (190.000).

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