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14 de mayo de 2007
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EL DEBATE ORAL Y PÚBLICO SERÍA ANTES DE JULIO

Enjuiciarán a cinco maestras de la DGE

Están sospechadas de cobrar sobresueldos durante dos años. La presunta estafa sería de unos 55.000 pesos.

    Las cinco docentes sospechadas de cobrar sobresueldos por dos años en la Dirección General de Escuelas (DGE) deberán afrontar un juicio oral y público en la Quinta Cámara del Crimen bajo la imputación de fraude a la administración pública en forma reiterada. La estafa trepa a los 55.000 pesos y los mismos abogados del organismo del Estado descubrieron que había serias anomalías en la liquidación de los sueldos de las educadoras. Así fue que la DGE presentó, el 23 de marzo del año pasado, una denuncia ante la Unidad Fiscal Especial. La causa fue absorbida por el fiscal Daniel Carniello y tras varios meses de investigación imputó a las maestras y elevó la causa a juicio.

    Hace pocos días, el Primer Juzgado de Garantías avaló el requerimiento y las cinco mujeres deberán comparecer ante los jueces de Cámara para tratar de defenderse de las serias acusaciones, ya que su situación es muy comprometida. La maestra que aparece más vinculada en el excedente de los bonos de sueldo es Cecilia Cairone, hermana del senador radical Leopoldo Cairone, quien fue separada de su cargo cuando se detectó que cobró de más. Precisamente, esta funcionaria trabajaba en la oficina de liquidaciones de la DGE y está acusada de percibir, durante el período 2004-2006 y de forma irregular, más de 12.000 pesos.

    El debate se desarrollará en la citada Cámara en lo Criminal pero la fecha todavía no ha sido confirmada. Fuentes judiciales aseguraron que antes de la próxima feria judicial de julio habrá una sentencia definitiva para las imputadas. Las otras acusadas por el magistrado especial son Sara Dall Gata, quien habría percibido por tareas no realizadas 18.059 pesos, también en el lapso de dos años. Le siguen Patricia Melchor, con 11.604 pesos; Isabel Torres, con 8.284 pesos, y la celadora Rosa Neer, con 3.777 pesos. Todas arriesgan un pena que va de un mes a seis años de cárcel por fraude al Estado.

    En un principio, las causas elevadas a juicio eran seis pero el juez de Garantías solicitó por el caso de Ana María González –también está imputada– una revisión en el expediente. De todas formas, es posible que González siga el camino de las demás docentes, aunque sería juzgada en soledad. González intentó desligarse del sumario administrativo que inició la DGE y se comprometió a devolver el excedente de 1.877 pesos, pero igualmente está acusada por la Justicia.

MÁS HORAS CÁTEDRA. El fraude a la administración fue detectado en el área de liquidaciones y rápidamente se intentó esclarecer la situación. Es más, se creyó que era un error de las computadoras que realizan este tipo de tareas. Pero algunos empleados de la repartición comenzaron a notar que algunos docentes fraguaron su bono de sueldo haciendo figurar que tenían horas cátedra en distintos departamentos de la provincia, como por ejemplo San Rafael y Capital.

    Así las cosas, se decidió abrir un sumario administrativo para intentar desentrañar el mecanismo de la estafa. Cuando notaron que no se trató de un error informático y sí hubo cobro indebido, se les pidió a las docentes que devuelvan el dinero, pero estas negaron la acusación y adujeron que lo habían cobrado de forma correcta.

    Ante esto y en conjunto, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE presentaron una denuncia en la Unidad Fiscal de Capital para que se investigaran las graves anomalías. Pero desde esa fiscalía se declararon incompetentes de resolver el caso y la Fiscalía Especial comenzó la instrucción del expediente. Cuando tomó estado público en la DGE, su titular, Emma Cunietti, ordenó la denuncia penal. Todas las acusadas fueron separadas de la repartición hasta tanto la Justicia resuelva sus situaciones procesales.

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