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12 de abril de 2017
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Iniciativa

En Mendoza se inician alrededor de 20 mil causas laborales por año

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<p>El Ejecutivo provincial impulsa un proyecto para bajar&nbsp;la&nbsp;litigiosidad&nbsp;y combatir la &quot;industria del juicio&quot;. Se crear&aacute; una Oficina de Conciliaci&oacute;n Laboral.&nbsp;</p>

Al igual que a nivel nacional, el Ejecutivo provincial busca disminuir la litigiosidad en el ámbito de los juicios laborales en Mendoza. Es por eso que ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de la Oficina de Conciliación Laboral.

El proyecto apunta directamente a terminar con la llamada "industria del juicio". La idea es que exista una conciliación obligatoria previa al juicio para tratar temas como despidos o diferencias salariales. 

“Hay una industria donde conviene iniciar el juicio porque mientras más volumen es más rentable en materia laboral”, sostuvo el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

El funcionario se refirió al ejemplo nacional y afirmó que los datos muestran que en el sistema nacional-que se aplica en el orden federal- hubo un millón de conciliaciones, lo que disminuyó un 40% las causas en materira laboral.

Esta iniciativa surgió porque en la provincia de Mendoza se inician alrededor de 20 mil causas laborales al año, que tienen una duración promedio de cuatro años. Con este proyecto se buscará reducir los tiempos ya que el proceso de conciliación no podrá durar más de 20 días hábiles.

La Subsecretaría de Trabajo será quien sorterará a los mediadores, se citará a las partes y si el empleador no asiste será multado. Para esto habrá un registro de abogados que rendirán un concurso y recibirán capacitación en mediación.

En total el número se incrementará de 4 a 50 abogados conciliadores y 50 suplentes. En el caso que no logren la conciliación se le pagarán los gastos mínimos por un monto de $250 pesos que se actualizará todos los años.

Sobre el esto el gobernador Alfredo Cornejo manifestó que se busca también “optimizar el gasto del Estado”. “Es un salto cualitativo y cuantitativo de cómo debe funcionar el Estado en esta materia”. 

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