Los especialistas de diversas áreas a cargo de la coordinación del Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza estiman que para marzo estarán sentadas las bases de los primeros lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial provincial. De acuerdo a lo que establece la ley 8.051 –de ordenamiento territorial–, sancionada en mayo de este año, para la correcta aplicación de la norma es indispensable contar con instrumentos que hagan viable esta aplicación.

   Los instrumentos que permitirán la plena vigencia de la ley son: el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, el Plan Ambiental Provincial, el Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza, los Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales (perilagos, piedemonte, distritos industriales, parques tecnológicos y sub-regiones, entre otros), los Planes Sectoriales o Intersectoriales actuales y futuros, el Sistema de Información Ambiental y el Sistema de Información Territorial (de la Dirección Provincial de Catastro, según la ley 26.209), la Evaluación del Impacto Ambiental, la Evaluación del Impacto Territorial, la Auditoría Externa de Impacto Territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica.

   LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN. Ya emitido el diagnóstico de situación, cuyas conclusiones relevaron los principales inconvenientes con que cuenta Mendoza en materia territorial, la segunda etapa será la propositiva, es decir, las diversas instituciones que conforman el Consejo de Estado en materia territorial tendrán un plazo de 30 días para presentar propuestas que apunten a la solución de algunos de los problemas detallados en el diagnóstico. Si bien también podrán realizar propuestas ciudadanos de manera individual, desde la coordinación del Plan Estratégico de Desarrollo informaron que todas las inquietudes tratarán de ser direccionadas a través de las instituciones que componen el Consejo de Estado. “Todas las propuestas e inquietudes trataremos de agruparlas dentro de la representación de las instituciones que conforman el Consejo de Estado, no obstante quienes deseen participar individualmente pueden hacerlo, y veremos cómo canalizamos sus inquietudes, porque la intención es que todo el proceso sea participativo, pero fortaleciendo las instituciones como referentes del debate que se dará en torno al tema territorial”, explicó Rubén Spedaletti, coordinador del Plan Estratégico.

   Luego del plazo fijado para la presentación de propuestas se dará un proceso de análisis de las mismas, para lo cual se convocará a distintos organismos, según corresponda. “Las propuestas serán categorizadas y ordenadas, y finalmente convocaremos, según corresponda, a entidades como el Ianiglia, la UNCuyo, el Iadisa y a todas las entidades que estén relacionadas con las distintas problemáticas, para que emitan su opinión”, afirmó Spedaletti. Luego de este análisis, los expertos que integran el Plan Estratégico de Desarrollo comenzarán con la confección de un trabajo que tendrá como objetivo central especificar la construcción de la visión que los ciudadanos tienen de la Mendoza deseada. “Una vez que terminemos con el análisis de las propuestas, emitiremos un documento de similares características a las del diagnóstico situacional, donde intentaremos resumir las visión que tienen los habitantes sobre la provincia que quieren”, informó el técnico.

    Ya con estos datos en la mano y con una somera idea de cuál es el camino que los ciudadanos estiman que hay que seguir para distribuir y aprovechar con equidad la tierra en que viven es que, a entender de los especialistas, se pueden sentar las bases para un Plan de Ordenamiento Territorial, primer paso para cumplir acabadamente con la ley 8.051. La intención, justamente, es “humanizar” un trabajo que podría ser realizado exclusivamente por expertos y técnicos. Así, se estima que será durante marzo o abril que estarán listos estos primeros resultados, que luego podrán traducirse en la presentación de proyectos de ley, modificaciones a leyes vigentes u otras medidas que el Estado pueda adoptar para garantizar el cumplimiento de esta amplia y compleja norma. Igualmente, la Secretaría Permanente del Plan de Desarrollo Estratégico, desde que fue aprobada la norma, cuenta con un plazo de seis meses para elevar un informe a la Legislatura detallando estos procesos y el estado de situación en que se encuentra cada uno.