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6 de octubre de 2006
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EN EL CAMINO CORRECTO

Cuando el accionar de las instituciones estatales beneficia a amplios grupos de la población, esto debe ser remarcado y tomado como ejemplo para otros campos.

    Cuando el accionar de las instituciones estatales beneficia a amplios grupos de la población, esto debe ser remarcado y tomado como ejemplo para otros campos. Este es el caso de la reciente puesta en práctica de la moratoria previsional que, a no dudarlo, constituye una de las medidas más importantes de reparación distributiva en nuestro país en los últimos quince años.

    La dimensión que está tomando la inscripción de adultos mayores en esta moratoria, la rapidez y simplicidad de los trámites y la participación decidida y activa del Gobierno provincial y los municipios resulta muy promisoria, contrastando con aquellas épocas en que iniciar trámites jubilatorios era una empresa casi imposible, kafkiana, y en donde sucesivas leyes de insolidaridad previsional fueron cercenando derechos a los jubilados y quitando recursos genuinos a las provincias.

    Por supuesto que aún falta mucho para saldar la deuda con nuestros mayores como corresponde, pero se está avanzando en el arduo camino de la dignificación y la justicia distributiva para este sector. Si consideramos que al menos 30.000 personas mayores recibirán, a partir del próximo año, su jubilación, ello significa unos 12 millones de pesos mensuales y 160 millones al año en transferencias de ingreso netas hacia un sector desprotegido socialmente o cubierto por pensiones graciables.

    Estos recursos no provendrán de la caridad, de auxilios circunstanciales o compensatorios, muchas veces ligados al clientelismo, sino a través de la extensión de una red preventiva de seguridad en los ingresos, basada en títulos de derecho jurídicamente consagrados. No se trata de un regalo, a cada persona se le descuenta durante cinco años por los aportes no realizados, pero, al mismo tiempo, se reconoce toda una vida de trabajo a muchos mayores.

    Los desafíos a futuro tendrán que ver con tres aspectos igualmente importantes: redimensionar de manera adecuada las prestaciones del PAMI para este conjunto adicional tan importante que se sumará en breve; alertar a los futuros jubilados y tomar las medidas pertinentes respecto de las picardías en que incurren muchos inescrupulosos con descuentos abusivos y falaces sobre sus haberes, y reorientar los recursos sociales provechosamente hacia otros sectores aún sin protección social adecuada.

    Finalmente, todo esto debiera servir de incentivo para discutir la necesidad de extender una red de seguridad preventiva en los ingresos –ya no basada en la disponibilidad de empleo formal o capital, sino en el status de ciudadanía de sus padres– para todos los niños, mediante la universalización de las asignaciones familiares.

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