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11 de febrero de 2019
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Ambiente

Quiénes deberán irse del Piedemonte

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Hay al menos cinco fragmentaciones identificadas de las que no se tienen registro. Mientras se define qué zonas no podrán habitarse, otras quedarán a la espera de infraestructura.

A pesar de que el decreto que declara la emergencia ambiental, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el viernes, suspende por un año las obras y solicitudes de permiso para construir en el piedemonte, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, afirmó que la medida se levantará 6 meses antes de lo indicado. Esto se debe a que una parte del informe necesario para determinar en qué zonas estará prohibido habitar ya está listo, según precisó el funcionario. La secretaría adelantó que se presentará este lunes el informe de riesgos aluvionales de la zona, que abarca 1.300 kilómetros cuadrados.

El estudio determinará, entre otros casos, qué viviendas deberán abandonarse por estar construidas en un lugar de alto riesgo aluvional. “No sabemos cuántos barrios están en trámite, pero hemos visto, al menos, cinco que no tienen ningún registro y tienen las máquinas trazando calles”, señaló Mingorance.

De esta forma, todos los trabajos de infraestructura están paralizados, lo que ha generado malestar entre los vecinos que esperaban contar con agua y cloacas, por ejemplo, como es el caso de varios barrios en El Challao. Aun así, cuando el plazo se termine, algunos sectores deberán ser desalojados definitivamente.

El motivo es el efecto ambiental que tienen las construcciones en esa área, además del peligro que significa encontrarse en el cauce aluvional y en una zona que puede verse afectada por los incendios. En algunos casos, también se perjudican los recursos naturales porque obstruyen la recarga del acuífero que utiliza el Gran Mendoza para abastecerse de agua.

La iniciativa de prohibir barrios en el piedemonte ya la habían encarado los municipios, a través de sus propias ordenanzas, al detectar el mismo problema cuando se iniciaron las tareas para confeccionar sus propios planes de Ordenamiento Territorial. Las Heras y Luján no estaban autorizando nuevos emprendimientos, mientras que analizaban qué hacer con los "peligrosos".

¿De quién es la culpa?

Frente a los posibles desalojos, Mingorance señaló que la responsabilidad la tienen los que han comprado en lugares sin habilitación “y, fundamentalmente, los que vendieron”, aunque aclaró que esos casos “son los menos”, ya que otras situaciones menos conflictivas podrán regularizarse. 

Desde que se aprobó el Plan a nivel provincial, distintos funcionarios habían advertido de esta situación: habrán personas que deberán irse. El director de Planificación y Ordenamiento Territorial de Las Heras, Pedro Noguera, explicó en ese momento que se obligaría a retirarse a los barrios que no cumplieran con los requisitos básicos, como cloacas, energía y gas.

Ahora, Nogura señaló que en los últimos años no se respetaron las condiciones para empezar a construir, avanzando sobre zonas inseguras. Es por este motivo que la provincia ahora se sumó a la advertencia.

El caso de El Challao

Noguera detalló que, mientras que el piedemonte es una de las zonas más populares para construir en Las Heras, el centro de ese “boom inmobiliario” es El Challao. En la zona, se calcula que viven 18 mil personas, según precisó Christopher Olivares, vocero de la Unión Vecinal Villa Antigua.

“Algunos estamos desde hace 20 años acá. Los vecinos están nerviosos y angustiados, se preguntan si los van a sacar, adónde los van a mandar, y, mientras tanto, tenemos que pagar $1.200 cada 10 días para tener agua”, reclamó Olivares.

Ciertas fragmentaciones de terrenos ya habían sido analizadas por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, como es el caso del loteo Dumit, al oeste del dique San Isidro. En el 2018, la Secretaría de Servicios Públicos le informó a la Municipalidad de Las Heras que el lugar está en riesgo aluvional.

El loteo está en una zona de riesgo aluvional donde confluyen tres cauces, agravado por el hecho de estar en una pendiente, lo que incrementa la velocidad y fuerza de las crecidas, según detalla el documento. Incluso se aclaró que las contenciones presentes no resultan eficaces ante un eventual escurrimiento.

Mientras que los vecinos de los distintos sectores reclaman que se continúe con la instalación de servicios (el lunes hay una convocatoria en la iglesia del Challao durante la celebración del día de la Virgen de Lourdes para dar a conocer el problema), el intendente Daniel Orozco anunció que el municipio no tiene potestad administrativa para resolver cuestiones relacionadas con el ambiente.

El efecto montaña abajo

La presencia indiscriminada de construcciones sobre esa zona también tiene un efecto ambiental sobre el resto del Gran Mendoza. En la provincia, la vegetación natural es arbustiva, y se ubica principalmente en el pedemonte. La ventaja que ofrece, es que además de absorver, forma un obstáculo contra el escurrimiento, aumentando la infiltración, según explicaron desde el Colegio de Ingenieros y Geólogos de Mendoza.

“Al morir la vegetación protectora, que consume agua del subsuelo (sector denominado nivel freático) se genera un problema, ya que sumado al hormigonado en las construcciones, se produce una absorción natural mucho menor”, explicó el ingeniero agrónomo Alejandro Ortega.

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