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8 de febrero de 2019
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Ordenamiento Territorial

Emergencia ambiental: Cornejo suspendió construcciones en piedemonte

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La Provincia frenó las nuevas autorizaciones para construir barrios en esa zona, en línea con lo que vienen realizando los municipios.

El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto en el que declara la emergencia ambiental en la zona del Piedemonte del área metropolitana de Mendoza, suspendiendo los nuevos pedidos de autorización para construir en esa zona.

A través de sus propios mecanismos, los municipios ya estaban implementando esta medida, aunque ahora tienen un amparo provincial, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. 

Esta decisión ya se había anticipado en años anteriores, sobre todo en 2017, antes de que se votara el Plan de Ordenamiento Territorial, en el que desde la gobernación y ambiente señalaron la intención de restringir los avances urbanísticos en esa zona. El principal argumento es el impacto que tiene en la flora, fauna y recursos hídricos de la provincia, que además pueden afectar la vida tanto de quienes habitan en el área como al resto de los ciudadanos.

La emergencia ambiental durará 12 meses, en los cuales se sancionará a quienes intenten iniciar proyectos de construcción en la zona.

La prohibición se extendió a toda la zona del piedemonte, delimitada en la Ley de Ordenamiento Territorial, debido a los informes técnicos que detallan "la fragilidad ambiental del área", junto con la detección de distintos emprendimientos de diferente magnitud y sin los estudios ambientales correspondientes -lo que ha dejado "una situación de irregularidad cada vez más extensiva".

En el decreto, se menciona la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, en el que el ejercicio de los derechos individuales, "no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje" y demás.

Además, citando la ley de Ordenamiento Territorial, se menciona la priorización del uso del suelo para evitar conflictos ambientales y la fragmentación del territorio, por lo que cualquier amenaza a estos puntos "genera el deber inmediato de adoptar y ejecutar todas las medidas necesarias que resguarden el derecho".

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