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12 de julio de 2006
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ÚLTIMA DICTADURA MILITAR

Embargos multimillonarios y prisión para represores

Ex represores de la ESMA fueron procesados y condenados por torturas y privación de libertad. Deberán pagar sumas que superan los 150 millones de pesos

       Los ex represores Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta fueron procesados con prisión preventiva y embargos de 167 millones de pesos y 158 millones, respectivamente, por más de un centenar y medio de casos de privación ilegal de la libertad y torturas a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La medida, que alcanzó a otros 16 ex miembros de la Armada –todos considerados integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2– y constituyó una ampliación de procesamientos anteriores en la misma causa, fue dictada por el juez federal Sergio Torres, a cargo del sumario por delitos contra derechos humanos en la ESMA durante la última dictadura militar.


      Otros procesados que recibieron multimillonarios embargos a partir de la resolución judicial son Oscar Antonio Montes,Manuel Jacinto García,Antonio Pernías, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Perren, Jorge Radice, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Martello, Ernesto Frimón Weber, Luis María Mendia y Ricardo Guillermo Corbetta. En algunos casos, como los de Pernías, Rolón, Perren y García, los embargos ascendieron a 175 millones de pesos, porque se les atribuyeron 175 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos.


 AÚN DESAPARECIDOS.


      Muchas de las víctimas de los procesados aún permanecen desaparecidos, mientras que algunos de los que recuperaron la libertad brindaron sus dichos, los que fueron tomados como elementos de prueba incriminatoria. Para ampliar los procesamientos, Torres –con la intervención del secretario Diego Slupsky– evaluó “todos los antecedentes que existen en el marco de esta causa, relacionado con la víctima de que se trate, sea ante la Justicia Militar, ante la Justicia de Instrucción o ante la Justicia Criminal y Correccional Federal”.


EN DETALLE.


       También analizó las declaraciones recibidas en forma personal o vía exhorto diplomático de “familiares, amigos, conocidos o compañeros de cautiverio” quienes brindaron “los datos necesarios para conocer, lo más acabadamente posible, cada detalle relacionado con el secuestro y con el destino final sufrido”. El magistrado consideró probada la creación, en el ámbito de la ESMA, del Grupo de Tareas 3.3.2 para combatir y aniquilar el terrorismo mediante el secuestro de personas, a las que se torturaba para obtener información.


TESTIMONIOS.


      Algunos sobrevivientes de la ESMA manifestaron que, mientras estaban detenidos, las instalaciones de la Escuela fueron visitadas por el entonces almirante Emilio Eduardo Massera y otros, entre ellos, el canciller Montes, “quienes, por sus uniformes y distintivos, parecían oficiales de alta graduación”. “Las órdenes ilícitas –dijo Torres– se entremezclaron dentro de la estructura legal de la lucha contra la subversión y fueron acompañadas de un intenso adoctrinamiento acerca de que se trataba de acciones de una guerra no convencional, y que constituían la única forma de combatir la delincuencia revolucionaria”.


      El juez recordó que, en la “Causa 13”, en el “Juicio a las juntas militares” la Cámara Federal concluyó que “toda la estructura montada para luchar contra la subversión siguió funcionando normalmente bajo la dirección de los procesados, sólo cambió la forma de combatir” con la “garantía de impunidad que recibieron los ejecutores en aquel momento”.

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