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25 de noviembre de 2009
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Congreso

El Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Económica

Es una de las últimas leyes consideradas clave por el Poder Ejecutivo Nacional para este año parlamentario.

Es una de las últimas leyes consideradas clave por el Poder Ejecutivo Nacional para este año parlamentario. Con los votos del oficialismo y de sus aliados, la norma quedó ratificada hasta el 31 de diciembre del 2011 y faculta al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular precios y reordenar el sistema financiero.

La renegociación de los contratos de obras y servicios públicos y la posibilidad de interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia ante medidas cautelares que pudieran afectar el funcionamiento del Estado son los principales aspectos contemplados en la ley de Emergencia Pública que hoy el Senado volvió a prorrogar.

La ley original, sancionada el 6 de enero de 2002, disponía además una serie de medidas de efecto inmediato, como la derogación parcial de la ley de Convertibilidad, en los aspectos referidos a la paridad entre el peso y el dólar.

Para atenuar los efectos de esa medida, en una sociedad que por entonces tenía una alta concentración de créditos y depósitos en dólares, se sentaron las bases para disponer a través de normas complementarias (especialmente el decreto 214/02) mecanismos de pesificación asimétrica, compensaciones a bancos y canje de plazos fijos por bonos.

Con la nueva prórroga, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner conservará hasta el final de su mandato las siguientes facultades: * Se autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos de obras y servicios públicos. Quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.

* En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

* En ningún caso las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos podrán suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

* Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

* Si el Estado es afectado por una medida cautelar, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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