En plena campaña electoral a nivel provincial y nacional, y más allá de la grieta que divide ideológica y políticamente al país, hay algo que está claro: no se puede permitir ni justificar ningún hecho de violencia. De lo contrario, se corre el riesgo de entrar en una espiral de venganza que lejos está de la institucionalidad democrática.
No es la primera vez que, con sus líderes al mando, ATE protagoniza un episodio de agresión hacia la dirigencia política. De ese modo, cualquier planteo o reclamo no sólo pierde legitimidad, sino que el gremio deja de ser un interlocutor válido a la hora de negociar o ser tenido en cuenta para el trazado de políticas vinculadas a los empleados estatales.
Son los mismos afiliados los que deben mostrar un fuerte rechazo a estas prácticas. Condenarlas y pedir explicaciones. Después de todo, los sindicatos son de los trabajadores. Y la violencia no es la mejor manera de representarlos.