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2 de octubre de 2006
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Análisis

El pueblo quiere saber de qué se trata

La necesidad imperiosa de contar con una ley de acceso a la información pública se relaciona directamente con el caso de los contratados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

    Ante las dificultades que han experimentado los periodistas del diario El Sol al investigar la cantidad de asesores y las funciones que estos cumplen en el Ministerio de Seguridad, quisiera opinar: esta situación viola un derecho esencial que nos otorga nuestra Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22) y que es un pilar fundamental del ejercicio de nuestras libertades en un sistema democrático. Por ello, mi apoyo y solidaridad a los ciudadanos/periodistas que vieron violados sus derechos elementales.

    No es un problema aislado, de ellos, es de todos nosotros como pueblo, como Nación, pues mañana le ocurrirá a usted o a mis hijos si no se revierte esta conducta por parte de algunos funcionarios públicos. Quisiera llamar la atención y a la reflexión al ministro de Seguridad para que comprenda que, en una democracia, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bastante deslegitimada está la dirigencia política como para darse ciertos lujos, en este caso, el de no informar.

    La sociedad necesita conductas ejemplares de sus dirigentes y una de ellas es que cumplan con las normas, las leyes, la Constitución. Mendoza, lamentablemente, se ha convertido en una provincia de las más atrasadas normativamente en cuanto a facilitar y garantizar el acceso a la información pública.

    Una paradoja, si tenemos en cuenta que fue pionera en la implementación del Programa de Información al Ciudadano (PIC) vía internet, la primera en colocar allí las declaraciones juradas de sus funcionarios y la de sus cónyuges (luego, eliminado en la gestión de Roberto Iglesias), la primera en dictar normas reconociendo sus datos como un sistema integral de información (SIP) y creando un Comité de Información Pública (Comip) y una las primeras y, actualmente, más premiadas en materia de gobierno digital.

   Hacer trámites públicos por internet es muy importante, pero saber qué hace el Gobierno con los recursos del pueblo es elemental y primero. Como sociedad, tenemos que aspirar a gozar de ambas posibilidades. Lamentablemente, este episodio de ocultamiento u obstaculización no es aislado.

    Hace casi dos años, nos vimos al borde del ridículo con la media sanción en el Senado provincial de un proyecto de ley de acceso a la información pública que generó alerta y repudio de cientos de organizaciones civiles por la exigencia en uno de sus artículos a que los ciudadanos demostraran un interés legítimo para obtener la información que solicitaran al Gobierno. El proyecto de Ley quedó cajoneado con media sanción. Fue la buena noticia.

    Seguimos sin tener ley que facilite y garantice el ejercicio pleno de este derecho fundamental: seguirá siendo la mala noticia hasta que se remedie. Como sociedad, debemos reaccionar. Influyamos constructivamente sobre nuestros legisladores para retomar la elaboración de una ley de acceso a la información que sea operativa y eficaz.

    Dicha norma debería basarse en principios que ya gozan del consenso de la mayoría de las organizaciones civiles y que generen una sana y efectiva regulación del derecho de acceso a la información. Veamos las más importantes: -Responsabilidades, falta grave y responsabilidad penal: la ley de acceso a la información deberá establecer responsabilidades claras en cabeza del funcionario que haya optado por negar la información en forma infundada y contrariamente a lo establecido por la ley.

    Esa responsabilidad podrá ser de carácter administrativo, calificando la conducta como falta grave. Además, podrán sumárseles también las responsabilidades de tipo civil (pecuniaria) y penal que se vinculen con el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Responsabilidades claras y severas dirigidas a que el funcionario encargado de decidir acerca de liberar documentación en poder del Estado se vea incentivado a dar la información en lugar de recibir el estímulo opuesto.

    -Legitimación activa amplia: la ley debe reconocer a toda persona, legitimación activa para el ejercicio del derecho de acceso a la información. La solicitud de información se justifica en el principio republicano de publicidad de los actos del Gobierno, lo cual habilita a cualquier persona a requerir información sin importar los motivos del requerimiento.

    Una legitimación amplia que no exija un derecho subjetivo o interés legítimo no sólo sería acorde con la última reforma constitucional argentina (artículo 43), sino también con la visión de los particulares como colaboradores de la administración en el cumplimiento del principio de legalidad por parte de esta.

    -Tipo de información que el Estado tiene la obligación de brindar: una ley debe ser clara con respecto a qué tipo de información el Estado se encuentra obligado a brindar cuando una persona realiza un requerimiento. El principio general que en este sentido la ley debería establecer sería el siguiente: “Toda la información que se encuentre en poder del Estado”, con las excepciones que deberán ser enunciadas taxativamente.

    -Legitimación masiva: el sujeto pasivo del requerimiento de la información debe ser el Estado en su conjunto, comprendiendo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial y a los organismos extrapoder. La ley debe garantizar una legitimación pasiva amplia, de modo tal de no dejar ámbitos del Gobierno cuya información pueda eximirse de ser objeto de este derecho.

    -El principio es la publicidad y el secreto es la excepción: el derecho a la información se encuentra justificado en el principio de publicidad y transparencia en la gestión del Gobierno, el que constituye un imperativo constitucional y un compromiso internacional asumido por el Estado argentino al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de la OEA para la libertad de expresión.

    -Autoridad de clasificación y plazo máximo de clasificación: la ley deberá establecer la/s autoridad/es competente/ s para clasificar la información como secreta. -Denegatoria: dado que la denegación puede fundarse en varias razones, la ley debe referirse a las más habituales y establecer la forma en que trata a cada una de ellas.

    -Plazos breves, capacitación del personal e información al público, procedimientos rápidos, recurso judicial: si una vez presentado el requerimiento y cumplido el plazo estipulado en la ley, la demanda de información no se hubiese satisfecho o la respuesta a la requisitoria hubiese sido ambigua o parcial, se considerará que existe negativa para brindarla, quedando expedita la vía judicial. Es imprescindible, en este caso, garantizar un procedimiento sumarísimo para reclamar la protección del derecho ante la Justicia.

    -Sistema de archivos adecuados, accesibilidad, costo de información: como consecuencia del derecho de acceso a la información pública, surge la obligación del Estado de evitar establecer restricciones –de cualquier tipo, incluyendo las económicas– que impliquen discriminación en el acceso a la información o puedan, potencialmente, desvirtuar el derecho o funcionen como un desincentivo para su ejercicio.

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