Las estrategias para frenar los contagios de coronavirus han sido desparejos en cada provincia argentina. Hay gobernadores que optaron por ofrecer a aquellos que llegaban de viaje hacer cuarentena en hoteles alquilados y otros que, prácticamente, decidieron bloquear el ingreso a sus territorios e impidiendo la circulación de trabjadores y pequeños productores. Cada receta a dado resultados desiguales.
A la par de los centros de aislamiento en condiciones indignas en Formosa, también se suma un discurso que justifica que el Estado avance por sobre los derechos ciudadanos. El argumento es que la pandemia justificaría cualquier medida de detención de las personas sospechosas.
En diversos países se discuten los confinamientos para preservar la salud. Pero se trata de aislamientos en las viviendas de las personas, no en estadios provinciales donde se han montado paneles para separar habitaciones sin mayor privacidad.
La supresión de derechos no puede ser la regla para llegar a un absolutismo sanitario, porque las herramientas que se están utilizando finalmente terminan agravando la situación de los contagiados y de los potenciales enfermos.
Lo que viene sucediendo en Formosa quizás forma parte de una forma arbitraria y discrecional de manejar el poder.
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