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3 de diciembre de 2020
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Opinión

El peligroso antecedente que deja la poda de recursos a los porteños

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Mirado detenidamente, despojado de pasiones y con la cabeza fría, las provincias argentinas, con la excepción de Buenos Aires, porque lo que se persigue con la medida es beneficiarla, no deberían estar festejando el recorte de recursos que el Gobierno nacional dispuso realizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por medio de ese trámite legislativo que, luego de ser aprobado en Diputados a comienzo de semana, debe volver al Senado por las modificaciones que le fueron introducidas al proyecto original.

Si bien todo parece estar circunscripto a una pelea política entre el kirchnerismo y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta –el principal adversario que el oficialismo nacional está observando en la batalla por la Presidencia, prevista para las todavía lejanas elecciones del 2023–, el método de asfixia financiera al que ha apelado el presidente Alberto Fernández para dejar fuera de carrera o debilitado a quien considera una seria amenaza, bien podría extenderse en cualquier momento, y por cualquier otro motivo, al resto de las provincias con las que la Rosada pueda llegar a tener un conflicto, o bien porque decida darle un golpe aleccionador, o bien castigarla por no comulgar o no estar de acuerdo con sus objetivos políticos o medidas de cualquier otra naturaleza. La arbitrariedad parece haber sido consentida por el Parlamento y legitimidad, desde ya.

Si bien es cierto que ninguna provincia podría ver peligrar lo que le corresponde por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos –un sistema que debió modificarse y revisarse por mandato de la reforma de la Constitución en 1994, pero que no se ha cumplido todavía porque requiere de la unanimidad de todos los gobernadores, y de un acuerdo político para el cual no hay ni clima ni intenciones de alcanzarse–, no puede decirse lo mismo de otra serie de recursos que son enviados por la Nación a las provincias y que dependen de pactos fiscales, acuerdos varios o compromisos de parte, bilaterales, entre la Nación y provincias y que están sujetos, muchas veces, a la marcha de las relaciones personales y políticas.

Lo cierto es que los recursos de la CABA estaban, están y seguirán estando por algún tiempo a tiro de decreto. La Ciudad, como gobierno autónomo, es posterior al régimen de Coparticipación Federal, por lo que no está incluida en el reparto de fondos con el que se rige el resto de las provincias.

Tampoco las provincias han ganado o han perdido cuando el Ejecutivo nacional les ha modificado los porcentajes de los montos que le transfiere a la CABA, porque esos dineros que van al territorio gobernado por Rodríguez Larreta salen de la parte que le corresponde a la Nación; es decir, luego de la distribución secundaria que es de donde surgen los recursos que van a todas las provincias. Y luego de que se estableciera el sistema de coparticipación se acordó la transferencia de lo que se conoce como los servicios sociales, entre ellos, la educación y la salud con sus correspondientes fondos para cubrir los gastos.

En el 2003, y por decreto del presidente interino Eduardo Duhalde, se le estableció a la CABA un coeficiente de 1,4 por ciento que se mantuvo inalterable hasta el 2016, cuando Mauricio Macri se lo elevó a 3,75 por ciento para financiar el gasto de la policía que le transfería con cargo a su territorio. En el 2018, y como consecuencia del Consenso Federal que firmó el mismo Macri con las provincias, se le redujo el coeficiente a 3,50 por ciento, mientras que Fernández, en setiembre, modificó otra vez la cifra llevándola a 2,32 por ciento y ahora, mediante un proyecto que avanza en el Parlamento, pretende volver al 1,40 por ciento del 2003.

Fernández y todo el oficialismo argumentan que Macri le dio a la CABA mucho más de lo que necesitaba para pagar el gasto del servicio de seguridad. Además, agrega que dispuso que los recursos que pierden los porteños ahora se destinarán a la Buenos Aires de Axel Kicillof, justificando la decisión en un desfase entre el que da y el que recibe, y porque en Buenos Aires hay más sectores vulnerables que requieren de “cloacas, asfalto y luminarias”, según el propio gobernador Kicillof.

¿Quién puede afirmar hoy que las provincias tienen todos los recursos asegurados y garantizados con excepción de los que les toca por coparticipación? Luego de lo que está sucediendo con la CABA, nadie puede hacerlo, salvo que lo que diga esté sujeto a una cuestión de fe o a un pacto entre caballeros, que ya casi no existen en esta época de la grieta política en la Argentina.
Los diputados nacionales mendocinos votaron según sus mandatos frentistas. Así parece ser, luego de observar que los del Frente de Todos, Alejandro Bermejo, Omar Félix y Marisa Uceda, con el nuevo aliado que logró el kirchernismo, José Luis Ramón, de la Protectora mendocina lo hicieron en línea con la poda. Los de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Jimena Latorre, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide, lo hicieron por la negativa. La votación en Diputados resultó ser de 129 votos a favor del recorte, contra 115 negativos y 7 abstenciones, entre ellos, cuatro legisladores de la misma provincia de Buenos Aires.

Por motivaciones políticas, ideológicas, incluso por alguna que otra visión algo resentida porque la CABA es una ciudad de “ricos y altamente beneficiada” que no suele apoyar al kirchnerismo en el poder, quienes votaron a favor de la poda se mostraron más que satisfechos. Y porque quizás han considerado justo que esos recursos vayan a Buenos Aires, lo que no implica desconocer que Buenos Aires necesita de fondos y de ayuda objetivamente. Pero, por qué no pensar que, por dar un paso de justicia con Buenos Aires, se lo hizo también dejando un antecedente que podría perjudicar en el futuro inmediato a los intereses de sus propias provincias.

Mendoza es un ejemplo vivo y cercano de las arbitrariedades de la Nación. Lo fue cuando se la perjudicó con el Consenso Federal suscripto en épocas de Macri y lo ha sido en este tiempo de pandemia perjudicada en el reparto de fondos. Entonces, visto esto, ¿quién puede animarse a sostener con seguridad que los fondos del subsidio al transporte o los del incentivo docente, que no pasan por la coparticipación, de un día para el otro dejen de ser enviados o sean recortados?

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