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17 de agosto de 2022
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Repercusiones

Tras el ajuste de tarifas, el kirchnerismo guarda silencio y se enfoca en la Justicia

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La Cámpora y otras organizaciones no levantaron la voz tras la quita de subsidios. En cambio, incrementó su embestida contra el Poder Judicial, en medio de la causa Vialidad.

El Gobierno presentó finalmente este martes el nuevo esquema de subsidios para las tarifas de energía eléctrica, gas y agua. El anuncio, que había sido postergado la semana pasada, busca una reducción de los aportes estatales en las boletas de los servicios públicos.

El espíritu del discurso oficial lo blanqueó Malena Galmarini, titular de la empresa estatal Aysa y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa, quien dijo que no se trata de un aumento de tarifas sino de una “redistribución” de subsidios.

“Esta segmentación ha sido basada en la justicia social y la equidad. Hemos planteado que llegue el subsidio al que más lo necesita y que la población de más ingresos puedan acompañar el ahorro fiscal”, agregó por su parte Flavia Royón, la funcionaria salteña que Massa designó al frente de la secretaría de Energía.

Históricamente enemigo del ajuste, en este caso el kirchnerismo no levantó la voz y puso el foco en otros frentes. El principal es el ataque al Poder Judicial, en medio del juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la presunción de favoritismo de la obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez.

La reacción, con La Cámpora a la cabeza, fue más violenta, con un despliegue llamativo contra los magistrados que llevan adelante el juicio. El operativo de amedrentamiento incluye pintadas, afiches, carteles pasacalle y tuits con un mensaje amenazante: “Jueces macristas, no jodan con Cristina”.

Tal acción cobró intensidad luego del fracaso de la estrategia de la defensa de CFK de recusar al fiscal Diego Luciani y a los jueces Jorge Gorini y Ricardo Giménez Uriburu, miembros del Tribunal Oral Federal 2 que lideran la causa Vialidad.

La segmentación de tarifas

Este nuevo esquema de redistribución de los subsidios derivará en un ahorro fiscal de $47.500 millones para este año y de $455.000 millones para 2023.

"La segmentación ha sido pensada desde un criterio de una distribución basada en la justicia social y la equidad. Hoy el 50% de la población de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios" afirmó Royón. En el mismo sentido, la secretaria explicó que "lo que se trata de plantear en esta readecuación y actualización de tarifas es que llegue el subsidio realmente a quien más lo necesita. En esta política las familias están primero, es una política distributiva con sentido social".

Se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.

En el caso de la energía eléctrica, el tope de consumo será de 400 kwh mensuales, que será de 550 kwh en zonas sin servicio de gas de red, y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país, con reducción de subsidios del 30,06%.

Según el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, el tope se fijará tomando como referencia "el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría", mientras el 30% excedente quedaría exento de subsidios, que se quitarán de manera escalonada hasta completar el 167% del precio mayorista del gas.

Royón hizo hincapié en la necesidad de concientizar a los usuarios y las usuarias respecto a llevar adelante una campaña de educación para el uso de los recursos.

Las quitas de subsidios se harán en tres rondas: septiembre, noviembre y enero de 2023.

  • Gas. Un usuario de nivel 3 (sectores medios) que en junio abonó una factura de gas de $ 1.650, al final de la quita gradual del subsidio pagará $ 2.146, lo que implica una actualización del 30,06%.
  • Luz. Para un usuario porteño con un consumo medio de 300 kwh, el monto sin impuestos pasará de $ 1.467 a $ 2.285, con un ajuste del 55,76% al finalizar la tercera etapa de incremento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las boletas de luz en el interior duplican los importes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

 

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