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5 de julio de 2021
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Concurso

Revés para Macri: la Justicia decretó la quiebra de Correo Argentino

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El ex presidente.

La jueza Cirulli decretó la medida porque consideró que el proceso de salvataje fracasó. La familia había ofrecido pagar $1.011 millones, pero el Estado reclamaba $4.500 millones.

Un día después de que el ex presidente Mauricio Macri afirmara que el Gobierno nacional busca "venganza", la jueza en lo comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra de la empresa Correo Argentino SA, luego de que dio por fracasado el proceso de salvataje.

La decisión de la magistrada además le permite seguir mantiendo control sobre los bienes de la empresa. “Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda”, sostuvo la jueza en su resolución.

La familia había ofrecido en marzo pagar por sus deudas $1.011 millones para evitar la quiebra, mientras que el Estado reclamaba a su vez $4.500 millones.

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En el escrito, Cirulli indicó: “Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”.

La medida está en consonancia con lo que había solicitado Carlos Zannini, Procurador General del Tesoro. En el proceso de salvataje, varios acreedores privados habían aceptado la oferta de la empresa propiedad de los Macri, pero el Estado había solicitado la quiebra.

Al respecto, Cirulli fundamentó: “No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”. Y añadió: “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.

Por otra parte, el fallo también hizo hincapié en la oferta, que fue desestimada por el Estado: “Es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”.

Pero criticó la tasa que aplicó para la oferta porque no cubría la deuda de la firma. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″.

En tanto, se espera que los abogados de la familia Macri presenten en las próximas horas la apelación ante la Cámara en lo Comercial para intentar revocar la decisión de primera instancia.

En los fundamentos, la jueza Cirulli también describió que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.

Pero además hizo referencia a la situación actual de la sociedad de la familia Macri. “Por otra parte, la conducta desplegada por la deudora a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia -desde la perspectiva del acreedor- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido, tanto más frente a la falta de concreción definitiva que ha caracterizado sus sucesivos ofrecimientos. A ello se une que la concursada no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la Sra. Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal. Tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago”, sentenció.

Fuente: Infobae y La Nación

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