“La ley no sale, queda para el 22 de junio”. El mensaje llegó a la Casa Rosada este jueves, a modo de confirmación, pero también de advertencia para que se avanzara en el Plan B, la redacción de un nuevo decreto de necesidad y urgencia para renovar la cuarentena a partir del sábado. El oficialismo en el Congreso admite que no podrá aprobar el proyecto que le otorga facultades a Alberto Fernández para administrar las medidas para frenar el coronavirus y en el Gobierno ya se resignaron a que el Presidente vuelve a firmar un DNU.

El aviso de que, a pesar de obtener dictamen este jueves, el proyecto con media sanción en el Senado no podrá ser convalidado en la sesión -necesitarían los dos tercios- activó en Balcarce 50 la reunión con infectólogos (a priori, convocados vía Zoom para las 18) que durante esta semana habían quedado relegadas. Es que Alberto F. apostaba todas sus fichas a que la ley que impulsaba fuera aprobada y marcara el rumbo de los pasos a seguir.

El DNU, sin embargo, contendrá el semáforo epidemiológico que es la base del proyecto de ley y divide al país en cuatro fases, bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica; a partir del aumento de los contagios en los últimos 14 días, cantidad de casos sobre la población y el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva.

“Vamos a esperar los datos de las últimas 24 horas (se publican a las 17) y a partir de ahí vamos a definir”, dijo una alta fuente con despacho en Casa de Gobierno. Dato: por el momento no fueron convocados los gobernadores. 

Más allá del análisis, no habrá cambios en relación al decreto 287, respecto a la circulación nocturna -restringida a partir de las 20-, la prohibición de las reuniones sociales y la suspensión de clases presenciales, un tema que mantiene la disputa con la Ciudad de Buenos Aires, que podría avanzar con mayor presencialidad en los tres años del secundario que en la última etapa había tenido educación sólo en forma virtual.

La gran duda que intentarán despejar el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con los sanitaristas tiene que ver con los fines de semana. Como contó Clarín días atrás, mantener el cierre duro los sábados y domingos era un dilema que en el Gobierno analizaban incluso si se aprobaba la ley, con la premisa de que no se produjera un relajamiento social y se facilitara el control por parte de las fuerzas de seguridad.