El Gobierno nacional descartó vetar el Presupuesto 2026 y confirmó que no ejecutará las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario si el Senado no acepta introducir modificaciones al texto. En la Casa Rosada sostienen que el proyecto aprobado en Diputados “no tiene déficit” y que resulta compatible con los lineamientos fiscales del Ejecutivo, pese al rechazo del capítulo que derogaba esas normas. El cambio de postura implicó un giro en la estrategia oficial, luego de días de tensión interna y mensajes contradictorios dentro de Balcarce 50.

Según el argumento del Ejecutivo, las leyes vetadas no se encuentran vigentes en términos presupuestarios y, por lo tanto, no obligan a asignar partidas específicas. Los equipos técnicos remarcan que el Presupuesto incluye metas fiscales, respeta la regla que impide nuevas erogaciones sin financiamiento y no contempla los fondos previstos en esas normas. “Que se haya rechazado la derogación no implica que se adjudiquen las partidas”, señalaron fuentes oficiales, que reconocen un clima interno de “desorden” por las idas y vueltas discursivas.

En ese marco, la mesa política del Ejecutivo definió presentar una contrapropuesta en el Senado, avalada por el ministro de Economía Luis Caputo. Para Discapacidad, el planteo mantiene la declaración de emergencia pero ata la pensión al 70% del haber mínimo jubilatorio, habilita la compatibilidad con trabajo formal hasta dos salarios mínimos y propone ajustes trimestrales de aranceles para prestadores, con referencia al IPC si no hay definición administrativa. En Universidades, reemplaza la actualización automática por un esquema limitado de aumentos en gastos de funcionamiento y subas salariales escalonadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026, con revisión a mitad de año.

El Senado dictaminó el Presupuesto 2026 sin cambios respecto de Diputados. El texto prevé transferencias a universidades por $4,785 billones, una reserva del Tesoro de $405.000 millones sin asignación específica y mantiene el régimen vigente de pensiones no contributivas por invalidez, sin indexación automática ni ampliación de beneficiarios. También proyecta una reducción promedio de 155.000 pensiones durante 2026. Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, inició negociaciones con aliados para impulsar los cambios, aunque en el Ejecutivo advierten que avanzarán con el Presupuesto aun si el Senado no los acepta.