El presidente Alberto Fernández firmó el decreto para ponerle fin a todos los ingresos al Estado hasta el 31 de diciembre del año próximo. Con esto, la gestión no podrá incorporar nuevos ingresos hasta que termine el mandato.

Esa medida regirá para entes públicos y para la administración central. También se instruirá a las empresas públicas y fondos fiduciarios para que repliquen esa decisión.

Esa fue una de las primeras medidas que anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis. La decisión se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

El decreto prohíbe las designaciones a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual.

Por otro lado, no podrán hacerse contrataciones por prestación de servicios, una modalidad típica y sensible con los gremios, porque no garantiza los derechos laborales de una persona en relación de dependencia, mientras que se cumplen funciones a tiempo completo y por plazos prolongados.

Tampoco se podrá hacer designaciones transitorias a planta permanente ni cualquier otra modalidad. Esto contempla también los convenios con universidades, que contratan a personas para realizar trabajos específicos para áreas de gobierno.

En tanto, el pasado 20 de julio, el gobierno nacional activó once mil pases a planta, lo que le valió críticas de la oposición. El plan avanzará en la regularización de 29.000 trabajadores, pero son 11.000 puestos los cargos que terminarán de concursar a lo largo de 2023.

Ver también: El Gobierno activó 11.000 pases a planta y recibió críticas de la oposición

Excepciones

Los que quedan exceptuados de la normativa son aquellas designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; en los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción y en el Servicio Penitenciario Federal, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.

Todos los cargos que “por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo” no puedan postergarse, se tratarán como casos especiales y deberán pedir permiso a esos organismos, añade la normativa.

La medida exceptuará la designación de funcionarios o los puestos que corresponden al organigrama de gobierno.