La Corte Suprema de Justicia emplazó ayer a la Fuerza Aérea a establecer, en el término de 20 días, el lugar y los horarios en que los usuarios y las asociaciones que los representan podrán conocer el estado en que se encuentran los aviones de empresas aerocomerciales.
Mediante una resolución, a la que tuvo acceso DYN, la Corte rechazó un recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional, defendió las atribuciones de la Justicia para intervenir en una demanda destinada a garantizar condiciones mínimas de seguridad en el transporte aéreo y, además, ordenó a la Fuerza Aérea brindar información a los usuarios.
En ese momento, el Estado reprochó a la Justicia haber impuesto “al órgano ejecutivo actos que le son propios” y acusó a la Cámara de “desconocer” el rol de “autoridad de aplicación y contralor de la actividad aeronáutica” que tiene la Fuerza Aérea.
“El órgano judicial se arroga no sólo competencias propias y exclusivas del Ejecutivo, como son las relacionadas con el control del servicio público de aeronavegación, sino también el papel de legislador, situación que configura un caso de gravedad institucional”, consignó el recurso de apelación que interpuso el Estado.
DECISIÓN. Puntualmente, la Corte intimó a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, que depende de la Aeronáutica, a poner a disposición del público sus conclusiones “sobre el estado de los aviones de las distintas empresas aéreas y su documentación fundante”.
En realidad, el supremo tribunal dejó ayer firme una sentencia mediante la cual la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dio luz verde a una acción de amparo, interpuesta por el abogado Ricardo Monner Sans, para que la Fuerza Aérea rinda cuentas sobre las condiciones de aeronavegabilidad reinantes en Argentina.
LA DENUNCIA. La intervención de la Justicia en el tema de la aviación comercial y en el funcionamiento de la Aeronáutica se produjo tras el estreno del filme Fuerza Aérea S.A., dirigido por el ex piloto y cineasta Enrique Piñeyro, quien develó en su realización una serie de posibles maniobras de corrupción, las que redundarían en graves riesgos para los usuarios y tripulantes. Luego del estreno, el Gobierno le quitó a la Aeronáutica el control de la aviación comercial.