Ante las quejas de los empresarios, que aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, el gobierno nacional anunció un plan de promoción del trabajo formal de 250 mil cosechadores.
El programa compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los empleados rurales asalariados de todo el país.
De esa forma, se establecerá una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.
El objetivo de la iniciativa “tiene como eje central el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales”, según se indicó.
Los empresarios habían manifestado su preocupación por la falta de mano de obra para realizar las cosechas en el campo. Es que el “blanqueo” por el registro implica la baja automática de los beneficios. De esta manera, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que esos trabajadores vuelven a cobrar la asistencia social.